El diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de vulnerar la soberanía del Congreso de Puebla al exigir que se legisle para garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans.
El legislador participó en una manifestación frente a la sede del máximo tribunal, acompañado por organizaciones civiles y colectivos que rechazan la denominada Ley de Infancias Trans. Bajo la consigna “La Corte no legisla”, sostuvo que los ministros han excedido sus atribuciones al intervenir en decisiones que, afirmó, corresponden exclusivamente al Poder Legislativo estatal.
“En Puebla tenemos ya cuatro años aguantando la presión, no cediendo a los embates de la Suprema Corte”, expresó Micalco durante el acto, donde aseguró que los diputados locales defenderán su derecho a legislar conforme a lo que consideran el interés de los poblanos.
La polémica se originó luego de que la SCJN ordenó al Congreso poblano adecuar el Código Civil para eliminar las restricciones de edad en los procedimientos de rectificación sexogenérica, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de género autopercibida de menores de edad. El máximo tribunal fijó plazos para el cumplimiento de la resolución e incluso advirtió posibles sanciones en caso de desacato.
La Corte ha sostenido en distintos fallos que impedir a niñas, niños y adolescentes acceder a estos procedimientos administrativos vulnera los derechos a la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, criterios que ya han sido aplicados en otras entidades del país.
Sin embargo, el tema ha generado un inusual consenso entre legisladores de diversas fuerzas políticas en Puebla. Diputados del PAN, PRI, Morena, Partido Verde y Nueva Alianza han expresado reservas o rechazo a la iniciativa, con excepción de algunos legisladores que respaldan el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, ha señalado que el acatamiento de la resolución no debe interpretarse como una renuncia a la autonomía legislativa, sino como una obligación derivada del marco constitucional y del carácter vinculante de las sentencias de la Suprema Corte.
En medio del debate, el Congreso local solicitó una prórroga para cumplir con el mandato judicial y preparar el dictamen correspondiente, mientras cada bancada anticipa que sus integrantes podrán emitir un voto conforme a sus convicciones cuando la reforma llegue al pleno.
