La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existe riesgo para Morena ni para el movimiento de la autoproclamada cuarta transformación tras la entrega voluntaria en Estados Unidos de los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante una gira por Yucatán, la mandataria federal afirmó que la decisión de entregarse fue tomada de manera personal por ambos ex servidores públicos y sostuvo que cualquier posible responsabilidad debe asumirse de forma individual.
“Fue una decisión de ellos”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso.
La presidenta también rechazó versiones y peticiones de actores políticos que han solicitado que Morena sea investigado o catalogado en Estados Unidos como una organización vinculada al terrorismo.
“Morena está integrado por personas honestas”, sostuvo, al reiterar que presuntas irregularidades cometidas por individuos no representan al movimiento político.
Exfuncionarios ligados al Gobierno de Sinaloa
Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Además, cuenta con trayectoria militar como general de División retirado del Ejército mexicano y ocupó mandos en distintos estados del país.
Por su parte, Enrique Díaz Vega se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense.
Ambos exfuncionarios forman parte de una investigación judicial abierta en Estados Unidos, donde son señalados por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, así como por supuesta conspiración para importar narcóticos y otros delitos relacionados.
De acuerdo con la información difundida, los ex servidores públicos se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses en mayo de 2026.
Sheinbaum insiste en defensa de la soberanía
Ante el impacto político del caso, Sheinbaum reiteró que México defenderá su soberanía frente a cualquier intento de injerencia extranjera y sostuvo que las investigaciones deben realizarse conforme a derecho.
La mandataria federal evitó profundizar sobre el proceso judicial en Estados Unidos, aunque insistió en que su gobierno mantendrá el enfoque en la seguridad, los programas sociales y el desarrollo del país.
