En los últimos ocho meses en Puebla, por lo menos, se han suscitado una media docena de enfrentamientos violentos entre sindicatos de la construcción, siempre con las mismas características: se disputan los subcontratos de obras públicas, principalmente de proyectos carreteros; utilizan grupos armados para encabezar las agresiones, en las que han destruido vehículos y maquinaria a plena luz del día, además de encabezar bloqueos de autopistas. Todo eso pasa sin que la autoridad “mueva un dedo” en su contra.
Uno de los rasgos más notorios es que dichas agrupaciones se han vinculado a la 4T, como parte de un nuevo corporativismo que ha surgido en torno a esta expresión política, de manera muy similar tal como en el pasado ocurrió con los regímenes del PRI y del PAN.
Ese neocorporativismo es la actual fuente de impunidad para estos sindicatos que, en todos estos episodios de violencia ocurridos en Puebla, nunca hay detenidos, no se inician procesos penales por la obstrucción de vías de comunicación y nunca interviene la fuerza pública del ámbito federal, estatal o municipal para frenar tales enfrentamientos.
Muestra clara de esa situación se vio este martes, el producirse un nuevo zafarrancho entre grupos de golpeadores de sindicatos relacionados, por un lado, con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Leobardo Soto Martínez a nivel local, y, por el otro lado, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que es encabezada por el legislador de Morena Pedro Haces Barba, quien a su vez es parte esencial de grupo político de Ricardo Monreal Ávila, el coordinador parlamentario de la 4T en la Cámara baja del Congreso de la Unión.
La intervención de la autoridad –en los hechos de violencia de este martes– solo se limitó a hacer un llamado a las partes a resolver sus diferencias con diálogo, pese a que hubo disparos al aire y se quemaron dos vehículos por parte de los agresores, lo cual provocó el cierre parcial de la autopista México-Puebla. Un saldo que no es algo menor.
En cambio, contrasta que, cuando hay un cierre carretero por parte de un movimiento social, entonces sí surge el enojo, la indignación, de los gobiernos federal y estatal contra las protestas ciudadanas, que incluye iniciar procesos penales por obstrucción a las vías de comunicación.
Ejemplo muy claro: los líderes del movimiento de defensa del agua de San Miguel Xoxtla han enfrentado un largo proceso penal por cerrar en dos ocasiones la autopista México-Puebla, pese a que no hubo armas de fuego de por medio, ni vehículos quemados. Y lo que si había era un malestar social de la población por la explotación de sus pozos sin que se hubiera tomado en cuenta la opinión de la gente.
En el otro lado de la moneda, hasta la fecha no se conoce de algún proceso legal contra la CTM, la CATEM y otras agrupaciones gremiales por la violencia que han desatado en la disputa de contratos privados para el traslado de materiales y desechos de la construcción.
Dicho trato diferenciado es producto del corporativismo electoral que han venido construyendo en torno a la 4T.
Una relación que se expresa por parte de estas organizaciones movilizando a sus agremiados a favor de Morena en cada proceso electoral. Por eso dichas agrupaciones se han vuelto intocables, tal como ocurría cuando el PRI o el PAN eran las fuerzas políticas en el poder.
Cómo surgió el pleito y el negocio
Para entender el origen de este conflicto, es necesario observar los siguientes apuntes:
Las peleas entre los sindicatos de la construcción no son por la defensa de los derechos laborales en un gremio o la disputa de un contrato colectivo de trabajo. No son por causas sociales.
Son disputas por los contratos para prestar el servicio de rentar camiones de carga para trasladar materiales de construcción o desalojar el cascajo de los proyectos de grandes obras públicas, sobre todo del ámbito de la construcción de carreteras que son los más costosos. Es un negocio privado de los líderes de esas organizaciones.
La práctica de subcontratar a los sindicatos en las obras públicas, en lugar de empresas privadas dedicadas a la renta de maquinaria y vehículos, surgió en el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa y se expandió a lo largo del sexenio del priista Enrique Peña Nieto. En los siete años de la 4T se ha seguido reproduciendo ese esquema, que incluye el uso de comportamientos gansteriles.
El poder político, lo mismo del PRI, el PAN o Morena, les han solapado a dichos sindicatos que se rijan por “la ley del más fuerte”.
Los enfrentamientos violentos que han protagonizado en Puebla y en otros estados del país, se generan por dos situaciones:
Primera: una empresa privada gana la construcción de una obra pública y subcontrata a un sindicato para las labores de acarreo de materiales. Entonces otra agrupación rival decide atacar a la facción beneficiada, a golpes, disparos y quema de vehículos, para que le cedan –a la fuerza– parte de las labores de traslados de carga pesada.
Segunda: a veces esa violencia está dirigida a las empresas constructoras para que le quiten los contrato a un sindicato beneficiado y se lo den a otro, como condición para que la compañía no sufra la destrucción de equipos o materiales.
Una característica más en esa perversa relación de poder político y organizaciones gremiales es que ha privado el pragmatismo político.
A los sindicatos se les ha dejado hacer de las suyas, luego de que estas agrupaciones han usado la estrategia de mudar sus relaciones políticas del PRI y del PAN al universo de la 4T.
Una muestra clara es la siguiente: en el proceso electoral de 2010, en Puebla, la CTM que dirige Leobardo Soto representaba al sector obrero del PRI. En esa ocasión dicha agrupación se le jugó a fondo con el entonces candidato priista a la gubernatura, Javier López Zavala, quien acabó derrotado.
Años más tarde, cuando se construyeron las plataformas de Audi por parte del gobierno panista encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, el Poder Ejecutivo le dio los subcontratos de renta de camiones a las agrupaciones de la CTM para trasladar toda la arena que se extrajo para la instalación de dicha planta automotriz.
Entonces Leobardo Soto hizo a un lado su militancia priista y empezó a “coquetear” con el PAN.
Tan es así que su hijo, Leobardo Soto Enríquez, se volvió parte del grupo político del panista Eduardo Rivera Pérez, con quien fue regidor del Ayuntamiento de Puebla.
Al final del mandato de Rivera, el líder cetemista rompió públicamente con el político panista y anunció su apoyo a Julio Huerta, cuando este personaje era aspirante a ser candidato de Morena a gobernador de Puebla.
Y aunque oficialmente la CTM dice no tener militancia partidista, todo mundo sabe que ahora juega del lado de la cancha de la 4T.
