Según los datos más recientes del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) 2025 del Inegi, solo el 44.5% de la población de 18 años y más en las 32 ciudades más grandes del país realiza actividad física en su tiempo libre. A nivel nacional, para la población de 12 años y más, la cifra cae a 41.7%. Esto significa que alrededor del 58% de los mexicanos no incorpora el ejercicio de forma regular, una proporción que se acerca al 60% que se ha mantenido históricamente en mediciones previas y que refleja un problema estructural de inactividad física.
Los datos confirman lo que el propio Inegi ha documentado año con año: menos de la mitad de los adultos realiza actividad física en su tiempo libre. La brecha de género persiste, aunque se ha reducido ligeramente: 40.7% de las mujeres frente a 49.1% de los hombres en el ámbito urbano. Los grupos de edad más afectados son los adultos entre 40 y 59 años, con tasas de actividad por debajo del 39%. Y las razones principales no sorprenden: la falta de tiempo (citada por más del 52% de quienes abandonaron la práctica), el cansancio por el trabajo (15.2%) y las responsabilidades laborales o de estudio que absorben la jornada completa.
En un país donde el 76.2% de los adultos presenta sobrepeso u obesidad (Ensanut Continua 2023) y la prevalencia de diabetes tipo 2 alcanza el 18%, el sedentarismo no es un asunto de “pereza individual”. Es un factor de riesgo directo para las enfermedades crónicas no transmisibles que ya saturan los servicios de salud pública. La inactividad eleva el riesgo de hipertensión (31.1% en adultos), dislipidemias y complicaciones cardiovasculares, lo que multiplica los costos para el IMSS, el ISSSTE y los sistemas estatales de salud.
Un problema de entorno, no solo de voluntad
Aquí radica el ángulo más incómodo: ¿por qué el ejercicio sigue siendo la última prioridad para millones de mexicanos? La respuesta no está solo en la disciplina personal. El modelo de trabajo —jornadas extensas, traslados largos en transporte público o automóvil, estrés crónico— deja poco espacio para el movimiento. Las ciudades mexicanas, diseñadas para el auto y no para el peatón o el ciclista, ofrecen pocos espacios públicos seguros y gratuitos. La inseguridad en colonias, la falta de infraestructura y la ausencia de políticas laborales que fomenten pausas activas completan el panorama.
Las políticas públicas han fallado sistemáticamente en revertir esta tendencia. Programas como “Ponte al 100”, impulsados en sexenios anteriores por la Secretaría de Educación Pública y la Conade, fueron criticados en evaluaciones oficiales por su diseño deficiente, falta de coordinación interinstitucional, escasa cobertura en zonas marginadas y nula evaluación de impacto real. En lugar de transformar entornos (urbanismo activo, transporte no motorizado, incentivos fiscales a empresas que promuevan actividad física), se optó por campañas puntuales y eventos masivos sin seguimiento. El resultado es predecible: la inactividad se mantiene alta mientras las enfermedades crónicas avanzan.
La responsabilidad no recae exclusivamente en el individuo. Cuando el entorno urbano, el mercado laboral y las políticas públicas configuran un estilo de vida sedentario por defecto, culpar solo a la “falta de voluntad” es una simplificación peligrosa.
Es el clásico caso de determinantes sociales de la salud: quien vive en una colonia sin parques, trabaja 10 horas diarias y enfrenta inseguridad para salir a correr al atardecer, difícilmente priorizará el ejercicio.
Lo que está en juego si nada cambia
A mediano plazo (5-10 años), el costo será brutal para el sistema de salud. México ya gasta miles de millones en tratar complicaciones de diabetes y obesidad; con una población que envejece y una prevalencia de inactividad que no baja del 55%, la curva de gasto sanitario se volverá insostenible. Hospitales saturados, listas de espera interminables y mayor mortalidad prematura son el escenario más probable.
A largo plazo, el daño es mayor: pérdida de productividad laboral, menor calidad de vida en la vejez y una brecha de equidad que castiga más a mujeres, adultos en edad productiva y sectores de menores ingresos. Si la tendencia no cambia, México no solo seguirá siendo uno de los países con mayor obesidad en la OCDE, sino que convertirá el sedentarismo en un problema de seguridad nacional en materia de salud pública.
El ejercicio no puede seguir siendo un lujo para quien “tiene tiempo”. Requiere políticas audaces: rediseño urbano, incentivos laborales reales (horarios flexibles, gimnasios en empresas, subsidios al transporte activo), educación desde la escuela y, sobre todo, reconocer que la actividad física es un derecho, no un hobby. De lo contrario, el precio lo pagaremos todos: en consultas, en medicamentos y, lo más triste, en años de vida saludable perdidos.
