Durante la segunda audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el magistrado de 92 años, Alvin Hellerstein, fue tajante al responder a la petición de la defensa: “No voy a desestimar el caso”. Los abogados de Maduro y Flores habían solicitado el archivo de la causa argumentando que las sanciones estadounidenses impiden al Gobierno venezolano costear su defensa, violando el derecho constitucional a una representación legal de su elección (Sexta Enmienda).
Hellerstein, sin embargo, reconoció que “el derecho a la defensa es primordial” y cuestionó la justificación de las sanciones en el actual contexto. Señaló que, tras la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026 y su traslado a EE.UU., ni él ni Flores representan ya una amenaza para la seguridad nacional. El juez presionó a los fiscales sobre si el Departamento del Tesoro (a través de la OFAC) debería otorgar una licencia específica para liberar fondos venezolanos destinados a honorarios legales.
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, advirtió que sin acceso a esos recursos —bloqueados por las sanciones— Maduro y Flores no pueden pagar a sus representantes elegidos y tendrían que recurrir a un abogado de oficio pagado por los contribuyentes estadounidenses, lo que, según ellos, compromete la integridad del proceso. Los fiscales, por su parte, defendieron las restricciones argumentando intereses de política exterior y seguridad nacional, aunque admitieron que se había otorgado y revocado rápidamente una licencia temporal en febrero.
Hellerstein dejó pendiente su decisión definitiva sobre el financiamiento de la defensa y convocó a una nueva audiencia la próxima semana. No fijó aún fecha para el juicio principal, en el que Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con el llamado “Cartel de los Soles”.
Maduro y Flores comparecieron en la sala vestidos con uniformes de prisión y utilizando auriculares para la traducción simultánea. El caso, que se remonta a una acusación inicial de 2020 y fue actualizado tras la intervención estadounidense en Venezuela, continúa su curso pese al impasse financiero.
