Con el propósito de elevar las sanciones por del delito de extorsión, cuando sea cometido por personas servidoras públicas, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo dirigido al Congreso de la Unión.
Mediante el exhorto, se solicita que dicho Poder analice y, en su caso, apruebe reformas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, con el fin de incrementar la sanción privativa de libertad, así como establecer una sanción económica proporcional al beneficio obtenido, cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
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La legisladora precisa en el exhorto que, si bien la Ley General ya prevé la agravante al establecer que las penas se aumentarán de siete a 17 años de prisión y se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, e inhabilitación hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta; resulta indispensable fortalecer el marco normativo al incrementar la pena privativa de libertad, así como al establecer sanciones económicas proporcionales al beneficio obtenido, cuando el delito se comete por una persona servidora pública, considerando la afectación a las instituciones.
“Esta agravante resulta congruente con el principio de proporcionalidad penal y con los estándares comparados en materia de combate a la corrupción y delitos cometidos por personas funcionarias y servidoras públicas, con lo que se pretende lograr un efecto disuasivo”, precisa el punto de acuerdo.
