El Congreso del Estado de Puebla aprobó este domingo una reforma al Código Penal estatal que eleva significativamente las sanciones por despojo inmobiliario, con penas base de entre seis y 12 años de prisión y multas de 100 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En los casos más graves, la condena podría alcanzar los 20 años de prisión.
La reforma, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas, fue aprobada con 36 votos a favor en sesión ordinaria. El dictamen había sido avalado previamente por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia el 13 de marzo.
La legislación establece agravantes que aumentan la sanción hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa con fines lucrativos —como la lotificación o comercialización ilegal de terrenos—, se utilicen documentos falsos, se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad, o participen de manera dolosa notarios o servidores públicos. Quienes financien o dirijan estas operaciones enfrentarán penas de siete a 15 años de prisión y multas de hasta 3,000 UMA.
El decreto también endurece las penas cuando el despojo se ejecute de forma organizada o sistemática a través de redes de especulación inmobiliaria, estructuras identificadas públicamente como el “Cártel del Despojo”, integradas por intermediarios, funcionarios y operadores que facilitan la apropiación ilegal de inmuebles. Las sanciones serán igualmente más severas cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad o integrantes de comunidades indígenas.
En términos legislativos, el decreto reforma los artículos 409 y 409 Bis, adiciona el artículo 409 Ter y deroga el segundo párrafo del artículo 408 del Código Penal del Estado de Puebla, con el propósito de cerrar vacíos legales y fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.
El contexto que motivó la reforma es contundente: entre enero y febrero de 2026 se abrieron 861 carpetas de investigación por despojo en Puebla, un incremento de 7% respecto al mismo periodo de 2025. Legisladores señalaron que el fenómeno afecta el patrimonio de familias enteras y genera incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, especialmente en zonas con alto potencial de desarrollo inmobiliario.
