El Ayuntamiento de Puebla analiza compromisos financieros heredados de la administración municipal pasada que contemplaban pagos a empresas proveedoras por montos que podrían alcanzar hasta 70 millones de pesos. Sin embargo, parte de esos recursos podría no liberarse debido a que varias compañías no cumplieron con los servicios contratados.
El tesorero municipal, Héctor González Cobián, informó que el gobierno local realiza una revisión detallada de los expedientes junto con la Contraloría municipal para determinar qué contratos pueden cerrarse y cuáles deberán quedar sin efecto.
De acuerdo con el funcionario, los adeudos detectados oscilan entre 45 y 70 millones de pesos, aunque una proporción significativa corresponde a trabajos que no fueron ejecutados conforme a lo establecido en los contratos firmados en la gestión anterior.
Dentro de este análisis, el Ayuntamiento ha identificado que alrededor de 40 millones de pesos estarían vinculados con empresas que no acreditaron el cumplimiento de los servicios o proyectos pactados, por lo que el gobierno municipal evalúa cancelar esos pagos.
Para avanzar en el proceso, distintas áreas del Ayuntamiento participan en mesas de revisión administrativa, donde se analiza la documentación de cada contrato y se determina si existen condiciones para finiquitar los adeudos o si se deben iniciar procedimientos para liberar los recursos comprometidos.
González Cobián explicó que las empresas involucradas aún tienen la posibilidad de acercarse al gobierno municipal para presentar información que respalde el cumplimiento de sus obligaciones; no obstante, advirtió que en varios casos el pago luce poco viable debido a las inconsistencias detectadas.
Estos pendientes forman parte del déficit financiero que la actual administración municipal encontró al asumir funciones, encabezada por el alcalde Pepe Chedraui Budib. Tras el proceso de entrega–recepción, las autoridades detectaron un “hoyo financiero” superior a los 550 millones de pesos, relacionado con deudas a proveedores, contratos inconclusos y otros compromisos administrativos.
Mientras continúa la revisión de los expedientes, la Contraloría municipal también analiza si existen posibles responsabilidades administrativas vinculadas con la contratación y supervisión de estos servicios durante el gobierno anterior.
El objetivo, señalaron autoridades municipales, es resolver los compromisos pendientes y sanear las finanzas del Ayuntamiento, liberando recursos que permitan fortalecer la operación de la administración pública local.
