“Una carta de antecedentes no penales no garantiza absolutamente que el candidato o la candidata no esté vinculada a grupos criminales”, afirmó José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, al referirse a los filtros que deben aplicar los partidos políticos rumbo al proceso electoral de 2027.
El funcionario sostuvo que ese documento únicamente certifica la inexistencia de una sentencia firme, pero no descarta posibles vínculos, relaciones o antecedentes que no hayan derivado en una resolución judicial. Por ello, advirtió que basar la definición de candidaturas únicamente en ese requisito administrativo es insuficiente.
García Parra hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que revisen con mayor rigor los perfiles que buscarán postular. Recordó que en octubre se instalará el Consejo General del Instituto Electoral, lo que marcará el inicio formal del proceso electoral, y pidió actuar con responsabilidad desde ahora.
“Es un exhorto respetuoso para revisar, analizar y escuchar al pueblo”, expresó, al señalar que en los municipios la ciudadanía conoce quiénes mantienen relaciones o antecedentes cuestionables. El objetivo, dijo, es evitar que la delincuencia llegue a espacios de poder.
Las declaraciones se dan en medio de señalamientos contra el senador Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, por presuntos vínculos con el huachicol y con el líder conocido como “El Toñín”. Sin embargo, García Parra aclaró que no existe una estrategia de persecución desde el gobierno estatal.
“Desde luego que no es parte de una agenda del gobierno”, puntualizó, al reiterar que el llamado es general para todos los partidos y no está dirigido contra un actor en particular.
