A partir del 9 de enero y hasta el próximo 30 de junio, todas las personas usuarias de telefonía celular en México deberán registrar obligatoriamente sus líneas, ya sean de prepago o pospago, físicas o digitales, en el Registro Nacional de Líneas de Teléfonos Celulares.
Esta nueva medida es analizada por el maestro Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la Ibero Puebla, quien señala que el registro puede realizarse de dos maneras: de forma presencial en los centros de atención a clientes de las compañías telefónicas, o bien a través de los portales web habilitados por estas empresas. En ambos casos, se solicitará información de identificación oficial —como credencial para votar, pasaporte o CURP— y, en algunas modalidades, datos biométricos o pruebas de vida, como selfis o videos.
De acuerdo con el maestro Cruz Isidoro, este no es el primer intento de conformar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. La finalidad expresada por las autoridades es reducir delitos como el fraude, la extorsión o la suplantación de identidad, al vincular cada número telefónico con una persona física o moral. Sin embargo, advirtió que este mecanismo implica riesgos importantes.
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Uno de los principales apuntes tiene que ver con la protección de los datos personales. En días recientes, explicó, ha circulado información sobre posibles vulneraciones en algunos portales de registro, lo que genera preocupación sobre cómo serán resguardados los datos sensibles que las personas están obligadas a proporcionar a las empresas de telefonía.
El segundo riesgo, señaló, es aún más complejo y se relaciona con el sistema de justicia. Asumir que la comisión de un delito a través de un número telefónico implica automáticamente la responsabilidad de la persona registrada puede derivar en problemas de suplantación de identidad y robo de cuentas, prácticas que ya son comunes en plataformas como WhatsApp. En estos casos, la carga de la prueba podría recaer en el ciudadano, quien tendría que demostrar su inocencia, lo que representaría una posible violación al debido proceso.
Para la ciudadanía, el académico subrayó que es importante analizar críticamente este tipo de medidas, no solo desde la lógica de la seguridad, sino también desde la defensa de los derechos digitales, la protección de datos personales y las garantías básicas de justicia para la ciudadanía.
