México impone nuevos aranceles de hasta 210% a las importaciones de azúcar a partir de este martes 11 de noviembre, como parte de una estrategia para proteger a la agroindustria nacional frente a la sobreoferta interna y el desplome de los precios internacionales. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon.
El decreto modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, sustituyendo las cuotas específicas por kilogramo que oscilaban entre 0.338 y 0.39586 dólares, por tasas ad valorem (porcentaje sobre el valor total declarado en aduana) de 156% y 210.44%, según el tipo de producto.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el arancel anterior, aplicado bajo la modalidad de Nación Más Favorecida, “no ofrecía la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de los precios internacionales”, por lo que el nuevo esquema busca restablecer condiciones de competencia y garantizar un ingreso más justo para los productores cañeros.
Sobreoferta y pérdidas millonarias en la agroindustria azucarera
El Gobierno federal argumentó que la decisión responde a un exceso de azúcar en el mercado interno. En el ciclo azucarero 2024-2025, la producción alcanzó 4.7 millones de toneladas, a las que se suman 1.4 millones de toneladas de inventario, mientras que el consumo nacional se estima en 3.9 millones de toneladas.
Este excedente ha provocado una caída en los precios que afecta los ingresos de más de 15 millones de personas en 267 municipios de 15 entidades federativas vinculadas con el sector. Según estimaciones oficiales, la crisis ha generado pérdidas cercanas a los 14 mil millones de pesos entre 2024 y 2025.
Además, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera ha advertido sobre el incremento de importaciones irregulares y contrabando, lo que profundiza la competencia desleal para los productores nacionales.
Así quedan los nuevos aranceles
Los productos más afectados serán el azúcar líquido refinado y el azúcar invertido, que enfrentarán un arancel de 210.44%.
El resto de las clasificaciones –como azúcar de caña y remolacha, azúcares aromatizados o con colorante, chocolates con alto contenido de azúcar y jarabes saborizados– pagarán 156% de arancel.
Ejemplo del impacto económico:
Antes del decreto, el precio de importación del azúcar cruda era de 770 dólares por tonelada, frente a 901 dólares del producto nacional. Con el nuevo arancel, el costo subirá a más de mil 050 dólares. En el caso del azúcar refinado, pasará de 872 a unos mil 310 dólares por tonelada, situándose por encima del promedio nacional.
El decreto aclara que la medida no aplica a exportaciones, únicamente a las importaciones, y se apega a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Medida alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
El ajuste arancelario forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que considera prioritaria la soberanía productiva y la estabilidad de la industria nacional. Según el Gobierno de México, la actualización busca “eliminar distorsiones del mercado global” y “salvaguardar la viabilidad de la producción nacional de azúcar”.
La agroindustria azucarera genera 440 mil empleos directos y beneficia indirectamente a 2.2 millones de personas dedicadas a la siembra, cultivo, industrialización y comercialización de caña.
Próximos impuestos al sector azucarado
La medida arancelaria coincide con la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y afectará al sector de bebidas azucaradas.
Las bebidas con azúcares añadidos, como refrescos tradicionales, pagarán 3.0818 pesos por litro, mientras que las versiones “light” o “cero” endulzadas con edulcorantes no calóricos tendrán una cuota de 1.50 pesos por litro.
Según la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda, el objetivo de la reforma no es únicamente recaudatorio, sino también de salud pública, al incentivar el consumo de productos con menos azúcar frente a la creciente incidencia de obesidad y diabetes en el país.
Con esta combinación de medidas fiscales y arancelarias, el Gobierno de México busca equilibrar la balanza entre la protección a la producción nacional, la estabilidad de precios internos y la promoción de hábitos de consumo más saludables.
