Desde que la segunda administración de Donald Trump arrancó en enero de 2025, la política migratoria de Estados Unidos ha dejado claro que la retórica dura no es solo campaña, sino un plan de acción que tratará de cumplir a toda costa, aun pisoteando derechos humanos.
Más de 72 mil deportaciones y más de 76 mil detenciones en apenas los primeros meses del año –según el análisis de TRAC– demostraron que el verano de la “remoción masiva” no era solamente una metáfora. Paralelamente, los arrestos de personas sin antecedentes criminales se dispararon un 807 %, según datos de Vera Institute of Justice y medios como The Guardian.
Pero las políticas y abusos que se dictan desde la Casa Blanca, lejos de intimidar a las personas, han propiciado la movilización de la comunidad y movimientos de protesta. La coalición No Kings es un ejemplo. El fin de semana convocó a millones de personas a salir a las calles contra lo que consideran un desvío autoritario del poder: “The president thinks his rule is absolute. But in America, we don’t have kings” leían sus pancartas.
En ciudades como San Francisco, Washington D. C., Los Ángeles y Nueva York, y en 50 estados, alrededor de 7 millones de personas marcharon en 2 mil 700 concentraciones este 18 de octubre con la idea de que el migrante, particularmente los mexicanos y “latinos”, ya no solo son objetivos de expulsión, sino pieza central de la resistencia cívica.
Pero mientras el pueblo se moviliza, el aparato estatal actúa sin freno. Una política que combina detenciones crecientes, deportaciones en cadena y el silencio institucional ante 20 muertes de migrantes bajo custodia de U. S. Immigration and Customs Enforcement en 2025 –la cifra más alta en cinco años–. Entre ellas, seis ciudadanos mexicanos que murieron mientras esperaban justicia en instalaciones de ICE, como Miguel Ángel García Hernández, de 32 años. Esto no es un accidente, sino una estrategia.
Los manifestantes repiten que “America has no kings” y los inmigrantes detenidos muestran que sí existe un poder real detrás de los muros y fronteras. Porque la realidad es que, aunque se argumenten razones de “seguridad”, lo que vemos es un sistema que convierte la migración en un arma de miedo, control y silencio. Donde los derechos humanos se convierten en mercancía y el latido de una familia migrante pasa a segundo plano frente al ronroneo político del aparato.
Se nos dice que las leyes se cumplen, que los operativos son “focalizados”, que los que se detienen son “criminales peligrosos”. Mentira. Los números hablan: arrestos sin delitos, deportaciones masivas, muertes bajo custodia y una ampliación del monitoreo y la detención a niveles impensados. Si alguien ha ganado con esto no son las comunidades vulnerables, sino el miedo y la política del castigo.
Pero las comunidades migrantes –latinos, mexicanos, centroamericanos– debemos mirarnos no solo como víctimas, sino como actores de nuestro propio destino y presionar por leyes que respeten derechos, por transparencia que exija respuestas y por solidaridad que cruce fronteras. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Que el sistema tenga sus rejas no significa que debamos quedarnos callados. Y que el presidente crea que es rey tampoco debería paralizarnos. Debemos desmantelar sus muros –los físicos, los legales, los invisibles– antes de que esos muros nos encierren por dentro.
Desde la Gran Manzana
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