No, no son buenos tiempos para el PAN poblano.
Además del severo revés propinado el pasado viernes por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que tumbó la elección del nuevo Comité Directivo Municipal (CDM) capitalino y ordenó emitir una convocatoria exclusiva para mujeres y garantizar alternancia de género en el cargo, la situación política y económica de la dirigencia estatal encabezada por Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas es caótica, por decirlo decentemente.
El TEE no se manda solo (tampoco la FGE, el IEE, la CDH, el TSJ y… un largo etcétera). Y aunque falta lo que determinen las instancias federales sobre el futuro del CDM, el mensaje del régimen no puede ser más claro ni más fuerte.
Eso en la parte política, que no augura nada bueno para Riestra y sus allegados en lo personal –y para el panismo en lo general–, de cara a los comicios de 2027, que ya corren.
En la económica, las cosas no son mejores.
Y es que en lo inmediato debe enfrentar el pago de una multa de 6 millones 229 mil 417.40 pesos, consecuencia de la desastrosa, dolosa e inepta gestión administrativa de Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez, los empleados del empleado de El Yunque, Eduardo Rivera Pérez.
No conformes con llevar al PAN a la peor derrota de su historia, este grupito de indeseables dejó un Comité Directivo Estatal en ruinas.
Entre otras cosas, fueron totalmente incapaces de solventar satisfactoriamente, ante las autoridades electorales correspondiente, el uso de las millonarias prerrogativas (más de 60 millones de pesos) que recibieron para el proceso electoral 2024-2025, tras el cual no solo perdieron lo que ya tenían, sino exhibieron su diminuta estatura política y operativa.
El dictamen consolidado del Consejo General del INE, que refiere la citada multa, es un vergonzoso rosario de errores, omisiones y decisiones que hieden a corrupción a kilómetros de distancia.
Entre otras, las siguientes:
1. Presentación extemporánea de informe de campaña de las siguientes candidaturas:
• Estefanía Díaz Benetti (candidata a diputada local Distrito 13 Tepeaca)
• Gustavo Cebada Magaña (candidato a diputado local Distrito 7 San Martín Texmelucan)
• Bertha Rodríguez Rodríguez (candidata a presidenta municipal de Atlequizayan)
• Alfonso Lino Pozos (candidato a presidente municipal de Hueyapan)
2. Mal registro contable por $57,000.00 en las transferencias a candidaturas
3. Omisión para presentar un contrato de prestación de servicios por $3,198,294.00.
4. Omisión para presentar avisos de contratación por $5, 347,847.00.
5. Omisión para realizar el registro contable de operaciones en tiempo real por un monto de $24,224,662.00.
6. Información de manera extemporánea de 894 eventos de la agenda de actos públicos (de campaña) de manera previa a su celebración.
7. Omisión para destinar al menos el 50% del financiamiento público para actividades de campaña a las candidatas mujeres.
Y otros dos puntos que reflejan hasta qué grado llegó el cinismo y la mala fe de los empleados del empleado de El Yunque:
8. Omisión para presentar el cálculo del saldo o remanente del financiamiento público a devolver.
9. Impedir la realización de una visita de verificación por parte de la unidad técnica de fiscalización del INE.
Todo lo anterior derivó en una multa por más de 6 millones de pesos, cifra que tiene al PAN poblano en una pobreza que palidece ante la franciscana.
Un hoyo financiero que no le pide nada al que la misma pandilla heredó al presidente municipal capitalino, José Chedraui Budib.
¿Por qué Mario Riestra y Genoveva Huerta no han procedido penalmente contra los culpables de este auténtico caos político y económico?
¿Van a seguir de cómplices de sus antecesores?
¿O qué clase de acuerdos tienen realmente con Eduardo Rivera y compañía, que a unos meses de cumplir un año al frente del CDE, han evadido cualquier acción legal al respecto?
Son preguntas que a la fecha nadie ha respondido y que sumirán todavía más al PAN poblano en el fango en el que se encuentra.
