Ahora que la titular la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, anda muy interesada en desempolvar carpetas y denuncias del pasado, no estaría de más que investigara los antecedentes de una de sus ministerios públicos que nuevamente fue acusada de corrupción.
De la acusación, la fiscal Idamis Pastor no puede fingir demencia o decir que desconoce el asunto, pues el abogado y la víctima de la extorsión le dirigieron un escrito –sellado de recibido en su oficina el 8 de agosto de 2025– denunciado a la ministerio público Fabiola Romero Aguirre por los delitos de cohecho, abuso de poder, extorsión, corrupción y los que resulten.
La ministerio público denunciada es la misma a la que en febrero de 2023 el juez Enrique López Criollo retiró del primer caso de violencia vicaria en Puebla por acosar a la víctima –Andrea Lezama Bonilla– presionándola para que le diera el perdón a su violentador y padre de su menor hija, a la que sustrajo de su hogar cuando esta tenía apenas 6 años.
De acuerdo con el abogado Isaías Gómez y Ramón Pascual Benítez, la ministerio público echó abajo un acuerdo que este último tenía con su expareja y madre de sus dos hijos para darle una casa con valor de 2.3 millones de pesos, en el fraccionamiento Real Cruz del Sur de San Pedro Cholula, como reparación de daño de la demanda que le interpuso por 1.3 millones de pesos.
A decir de Ramón Pascual Benítez, la agente ministerial Fabiola Romero Aguirre le pidió 180 mil pesos en efectivo y al negarse a esa extorsión convenció a su ex pareja de no aceptar el acuerdo que en privado habían convenido y que, en su opinión, era bastante favorable, pues el valor del inmueble superaba el monto que esta le reclamaba como reparación de daño.
La negativa de la ministerio público de rechazar ese acuerdo, es porque si Elisa G. aceptaba el inmueble entonces ya habría arreglo y aquella no podría cobrar el moche que solicitó a Ramón Pascual Benítez y su abogado Isaías Gómez de 180 mil pesos.
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Llega la barredora al Sexto Circuito del Poder Judicial Federal
Los nuevos magistrados del Poder Judicial que llegaron al Sexto Circuito ya comenzaron a despedir personal para colocar a sus conocidos y recomendados, al menos en el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo.
Con el arribo de las magistradas María Vianey Fernández de Lara Barrientos y Beatriz Rojas Méndez, el 15 de septiembre, empezaron a darse los primeros ceses de personal de confianza y de carrera.
Entre los despidos figuran Merit Sadait Sánchez Lugo, quien tenía más de seis meses en funciones de secretaria de Tribunal Colegiado; Claudia Gómez del Olmo, chofer; Mercedes Santiago Meza, secretaria particular de magistrado, y Víctor Castillo Grande, chofer.
La lista la completan Erika Itzel Pérez Morales, secretaria particular de magistrado; Valeria Sofía Abúndez Sánchez, oficial judicial C; Mario Alberto Ríos Rodríguez, oficial judicial C; Nuria Abigail Bibiano López, secretaria interina de Tribunal, con seis meses en el cargo, y Javier Méndez Verónica, coordinador técnico administrativo.
Este jueves, por cierto, también fue removido Luis Huerta Martínez, secretario con funciones de magistrado; fue sustituido por Marco Martínez Meneses, quien venía desempeñándose como secretario del Tribunal Colegiado.
En el lugar de los despedidos fueron contratados Linda Margarita Bautista Fontes, Arturo Sánchez Analco, Gabriela López Sánchez, Fátima Sánchez Romero y Norma Lilia Alonso Calderón, que son amigos y recomendadas de las nuevas magistradas electas el 1 de junio.
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