Buenas noticias, hemos conocido en los últimos días. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en México, esta es una muy buena noticia; como también lo es la decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de reconocer por primera vez en el derecho internacional que cuidar, ser cuidado y autocuidarse son derechos humanos fundamentales.
La semana anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del Gobierno federal dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza en México 2018-2024, entre los que se encuentra la reducción de personas pobres en México, sin dejar, por supuesto, de reconocerse la relación que estos resultados tienen con el aumento del salario mínimo y con la entrega de apoyos económicos desde los diversos programas sociales en ese orden.
El pasado siete de agosto conocimos también de la adopción que hace la Corte IDH respecto de la Opinión Consultiva OC-31/25 sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.” Avance jurídico que reconoce lo que millones de personas sabemos –especialmente nosotras, las mujeres– que la tarea del cuidado ha sido la base que ha sostenido a la sociedad.
La Corte IDH reconoce y hace énfasis en tres dimensiones interconectadas de este derecho: el derecho a ser cuidado, que garantiza atención digna para personas en situación de dependencia; el derecho a cuidar, que protege a quienes realizan estas labores, sean remuneradas o no, asegurando condiciones justas y reconocimiento, y el derecho al autocuidado, que preserva la posibilidad de atender el bienestar propio.
Esta buena noticia marca un antes y un después en la historia de los derechos humanos de América Latina.
Por ello, estas dos buenas noticias requieren de implementar con celeridad desde el gobierno acciones urgentes -así de rápido, tanto como se han venido dando en esta tercera alternancia del poder presidencial en México, el cambio de régimen, del sistema de gobierno, del régimen político, la desaparición de instituciones autónomas de gran importancia en el país, del Sistema Judicial y seguramente siguiendo estos mismos procedimientos que ya conocemos próximamente con seguridad el nuevo sistema de modelo electoral en México– para incidir en esos números que dio a conocer el Inegi en sus resultados de medición de la pobreza: hay que sacar de la pobreza moderada a esas 31.5 millones de personas, de la pobreza extrema a 7 millones que aún la viven, pero también a esas 41.9 millones de personas que tienen carencias sociales, esas 80.4 millones de personas que tienen al menos una carencia social y a esas 27.0 millones de personas que viven con al menos tres carencias sociales.
Porque urge atender el rezago educativo, que ha ido aumentando de 22.3 millones en 2016 a 24.2 millones en 2024, y el terrible dato de carencia de acceso a servicios de salud que tenemos las mexicanas y mexicanos, que en 2016 era de 18.8 millones de personas y que hoy padecen 44.5 millones; o esos 42.67 millones que tienen carencia de acceso a la seguridad social; o los 10.3, 18.4, 18.8 millones que carecen de calidad y espacios de vivienda, de servicios básicos en la vivienda y de alimentación nutritiva y de calidad, respectivamente; para que esas 12.1 millones de personas que todavía tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, y esos 46.0 millones de la población que vive con ingresos inferiores a la línea de pobreza, puedan alcanzar un bienestar económico.
Aunado a lo anterior y derivado de que, en todos los datos mencionados, el mayor número de personas que los padecen son justamente las mujeres, tan solo si desagregamos los datos de las 5.3 millones de personas hablantes de una lengua originaria que mantienen el mismo nivel desde el 2016 viviendo en condición de pobreza multidimensional, nos podemos dar cuenta, 67.4% son mujeres; urge, entonces, implementar acciones de manera que el proceso para lograr erradicar desigualdades se acorte.
En esta misma ruta de urgencia, se inscribe también la sentencia de la Corte IDH, considerando que el Cuidado debe ser visto como una responsabilidad compartida, que implica, como han venido sosteniendo las expertas, que el Estado asuma un papel activo en su facilitación, pero también fomente que la ciudadanía participe en nuevas formas de organizarnos para la distribución equitativa de las tareas de cuidado en el ámbito comunitario y familiar, al tiempo que las empresas y fuentes de empleo adopten políticas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, más aún cuando también en este rubro hablamos de que el 75% de personas cuidadoras en México son mujeres, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic, 2022), que señala que para atender los cuidados de la primera infancia, 96.0% son mujeres, en su mayoría madres (86.3%) y abuelas (7.6%). Iniciar la implementación del Sistema de Cuidados, a nivel nacional y en todas las entidades federativas, es urgente, pero que no solo se quede en la normativa, sino que avance a las políticas públicas nacionales permitirá hacer realidad este derecho humano.
Sin olvidar mencionar que son las mujeres de bajos recursos las más afectadas por la tarea de cuidados, es necesario señalar que el dictamen de la Corte IDH es de carácter obligatorio para los países de la región, que deberán alinear las políticas de gobierno a su contenido, alinear también la legislación y adoptar todas las medidas necesarias para que la sociedad y el Estado garanticen el derecho al cuidado, impulsando políticas que logren su cumplimiento.
Buenas noticias, hemos conocido en los últimos días; todas requieren de acciones urgentes para atender los todavía grandes faltantes que nos han aportado las mediciones y así evitar simulaciones y narrativas engañosas.
Notas:
Programa Medición de la Pobreza en México 2018-2024. INEGI. 12/08/2025
Opinión Consultiva OC-31/25 sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.” Comisión IDH. 12/0/2025.
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