Un tribunal federal cerró de manera definitiva el caso por el presunto lavado de 720 millones de dólares relacionado con la Fundación Mary Street Jenkins, al dictar sentencia absolutoria y cancelar órdenes de aprehensión contra cinco integrantes de la familia Jenkins y dos de sus abogados.
La resolución representa el punto final a una disputa legal y familiar que tuvo amplias repercusiones en una de las instituciones educativas privadas más prestigiosas del país: la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El fallo, informó Grupo Reforma, fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, cuyos magistrados coincidieron de forma unánime en que la reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el 12 de junio de 2020, fue ilegal.
Lo anterior, debido a que el expediente había sido archivado desde mayo de 2018 y su reapertura no fue ordenada por un juez de Control, como exige el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En consecuencia, quedaron anuladas todas las órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso contra Roberto, María Elodia, Margarita, los tres de apellidos Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como sus abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz. Todos ellos han quedado libres de cargos de forma definitiva.
Un conflicto familiar, origen del escándalo
El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, denunció a sus padres y hermanos ante la Junta de Asistencia Privada de Puebla y el SAT. Los acusó de desviar recursos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, creada en 1954 por su bisabuelo.
Según reportes de la época, uno de los personajes clave en el conflicto fue Luis Ernesto Derbez, rector de la universidad y excanciller durante el sexenio de Vicente Fox. Derbez fue señalado en el proceso, removido del cargo en 2021 tras una orden de aprehensión, pero fue absuelto en 2022 y retomó la rectoría en agosto de 2023.
La UDLAP, una víctima colateral
La Fundación Jenkins es propietaria del campus de la UDLAP, por lo que el conflicto familiar tuvo efectos devastadores sobre la universidad. En 2021, la institución fue cerrada por siete meses. Según el rector Derbez, durante ese periodo se perdieron tres mil estudiantes y el 70% de los profesores, con afectaciones económicas superiores a los 300 millones de pesos.
Actualmente, la universidad opera con una matrícula de 8 mil 575 alumnos y mantiene el objetivo de recuperar los niveles previos al conflicto, con una meta de 12 mil estudiantes para el año 2028.
Con esta sentencia absolutoria, la familia Jenkins libra definitivamente un caso que durante años marcó la agenda judicial y mediática del país, aunque sus secuelas aún se hacen sentir en el ámbito educativo y filantrópico.
