Un paso muy importante fue que este lunes ya fue vinculada a proceso la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, por el presunto delito de intimidación contra un par testigos protegidas en el caso de las dos periodistas que fueron torturadas durante el mandato de la morenista.
Aunque al mismo tiempo, el fallo del juez de la causa dejó un fuerte descontento por no permitir que se levantaran cargos contra la exedil por los ilícitos de falsificación de documentos y por ofrecer declaraciones falsas a una autoridad. Esa determinación ha dejado la sensación de que pudo hubo algo irregular, “algo chueco”, en la resolución del togado Jorge Eduardo Ramírez Téllez.
Y es que hay elementos para no confiar en el juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez, pues es un personaje obscuro al que, hace 22 meses, se le exhibió como un funcionario judicial que habría protegido a supuestos miembros del crimen organizado.
El 22 de agosto de 2023, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el juez federal, en materia penal, Jorge Eduardo Ramírez Téllez había sido detectado cometiendo actos en contra de la justicia.
La relatoría de lo ocurrido corrió a cargo del entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodrigo Bucio, quien detalló que había seis expedientes en donde se había detectado un comportamiento favorable del juez hacia presuntos criminales.
En dos casos, Jorge Eduardo Ramírez Téllez se habría negado a vincular a proceso a los acusados de delitos importantes.
En otro asunto calificó de ilegal la detención de un supuesto criminal y en tres juicios emitió sentencias absolutorias contra posibles integrantes del hampa.
Por esas fechas es cuando el enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en su momento más álgido, por lo que nunca hubo una investigación –que fuera pública– de parte del Poder Judicial Federal para revisar el desempeño del juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez.
Ahora el togado sigue ejerciendo en el Centro de Justicia Federal de Puebla como si no hubiera pasado nada.
Fallo incongruente
Este lunes, Irene Olea se presentó –por tercera vez– ante el Centro de Justicia Federal, sin la compañía de un abogado. Esta sesión sirvió para que aportara sus pruebas personales frente a los cargos penales que le fueron comunicados la semana anterior.
En esta ocasión, compareció por casi cinco horas y utilizó el recurso sentimental de ponerse a llorar frente al juez y decir que es una perseguida, pese a que existe un expediente de 12 tomos que integró la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se da cuenta, con lujo de detalle, de cómo el 10 de marzo de 2023 las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López sufrieron una detención ilegal y tortura en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros.
Una semana antes, comparecieron dos de las tres testigos protegidas del caso. La tercera –de nombre Socorro Barreda– fue asesinada hace un año, cuando estaba a punto de rendir su declaración ante una autoridad judicial.
Las testigos, entre otros datos que aportaron al juzgado, relataron que habían sido objeto de hostigamiento, pues fueron perseguidas en varias ocasiones por agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, bajo el mandato de Irene Olea, como una manera de buscar que se desistieran de colaborar con la FGR.
Se sabe que las testigos habrían aportado información en la que supuestamente señalan que Irene Olea habría conocido en tiempo real la detención y el maltrato que sufrieron las hermanas Michelle y Natalie Hoyos, por lo cual se intuye que ella habría ordenado esos actos de barbarie.
También la semana pasada, la FGR presentó las evidencias de que en el gobierno de Olea Torres se falsificaron documentos y se mintió a la autoridad ministerial, para intentar ocultar y negar la detención ilegal de las periodistas.
Es relevante apuntar que un tribunal colegiado ya ordenó que se dé prisión preventiva a cinco policías y un ex juez municipal por los mismos cargos: la alteración de documentos oficiales y mentir sobre la detención ilegal de las comunicadoras. Es decir, son hechos que ya está plenamente asentado ante el Poder Judicial por parte de la FGR.
Por eso resulta incongruente que, en la audiencia de este lunes, haya determinado que no hay evidencias de que Irene Olea Torres participó en la alteración de documentos y haya mentido ante la autoridad sobre la detención de las periodistas, cuando ella misma hizo declaraciones públicas diciendo que “no había pasado nada” con las agraviadas.
Y, entonces, si ella no intervino en permitir la detención y tortura de las periodistas, surge una pregunta básica: ¿por qué la exedil sí permitió que se intimidara a las testigos protegidas?
Al finalizar la audiencia de este lunes, los representantes de la FGR y las agraviadas, por separado, anunciaron que apelarán el fallo del juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez. Es decir, el proceso penal va para largo.
