No se equivoca el gobernador Alejandro Armenta cuando señala que las obras del teleférico de la ciudad de Puebla ahora inservibles, representan un verdadero monumento a la corrupción.
Esta obra, realizada durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, se planteó desde el año 2012, pero los trabajos concluyeron hasta el 2016, cuando, por fin, el teleférico fue inaugurado con tan solo 650 metros de extensión, cuando originalmente se había programado una obra de dos kilómetros.
Luego de enfrentar la oposición de diversos grupos y activistas, así como del INAH, ya que originalmente la obra correría del Barrio del Artista (Casa del Torno) hasta el recinto ferial, por fin, en 2014 las obras de construcción del teleférico poblano comenzaron a cargo de la empresa CEMS Constructora, quien entregó los trabajos dos años después en 2016 para su inauguración.
La dependencia que tuvo a cargo estos trabajos y financió la obra fue, en ese tiempo, la de Comunicaciones y Transportes a cargo de Bernardo Huerta, entonces pareja sentimental de Patricia Leal, contralora morenovallista, diputada y senadora durante ese periodo, y posteriormente mano derecha del exgobernador Sergio Salomón Céspedes en compras, adquisiciones y obras.
Inicialmente, los trabajos, se dijo, iban a tener un costo de 166.4 millones de pesos de ese tiempo, hace nueve años, y terminaron teniendo un costo, supuestamente, de 359.2 millones de pesos, lo que lo convirtió en la obra de su tipo más cara del país en ese entonces, tal y como lo documentó en su momento el periódico El Economista.
Para ser claros, la obra tuvo un sobrecosto de 116% a lo originalmente programado, el cual se trató de justificar a través de que requirió de equipamiento especializado y de muy alto nivel (sic), como las góndolas para trasladar a los pasajeros, mecanismos adicionales y ajustes en el proyecto tras la suspensión del INAH.
Hay claros ejemplos del sobrecosto del teleférico morenovallista. En 2010 se construyó una obra similar en Chihuahua, ubicada en la estación Divisor, en las Barrancas del Cobre, cuyo costo en ese año fue de 250 millones de pesos y con una longitud de 2.5 kilómetros.
El teleférico de Durango, también construido en 2010, que enlaza los cerros El Calvario y de los Remedios con 750 metros de longitud, tuvo un costo de 90 millones de pesos y el teleférico de la ciudad de Orizaba, puesto en marcha en 2013 y con 780 metros de longitud, tuvo un costo de 59.8 millones de pesos.
De hecho, durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa el mandatario abrió sendas investigaciones en temas relacionados directamente con la entonces Secretaría del Transporte, que encabezó Bernardo Huerta, quien en 2015 dejó el cargo. Los expedientes estaban relacionados con el manejo de recursos en la construcción del mal llamado “tren turístico”, el cual desapareció y cuya máquina fue vendida al Ejército por Sergio Salomón Céspedes y también por la construcción del teleférico y sus sobrecostos, pero no hubo ninguna sanción al respecto.
Ya veremos en qué derivan las investigaciones en torno a este tema por parte de la Secretaría del Buen Gobierno y estaremos pendientes de saber a qué conclusiones llegan.
El caso Accendo
El banco Accendo es un tema que quedó pendiente por parte de la administración que encabezó el exgobernador, hoy fallecido, Miguel Barbosa y del cual no se hubiera sabido si no se hubiera muerto.
Su sucesor, Sergio Salomón Céspedes, tuvo que hacer público el tema y más tarde filtró también el de Fondika, a través de sus escribanos, porque sabía que si no lo hacía, la responsabilidad iba a recaer en su administración, no por un tema de transparencia.
Accendo es un tema sumamente complicado en el cual la administración de Miguel Barbosa invirtió 680 millones de pesos del patrimonio de los poblanos en una institución financiera que terminó quebrando, por lo cual se perdieron los recursos.
La responsable de esto fue, además de Miguel Barbosa, la entonces titular de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y la entonces contralora, Amanda Gómez Nava.
Hasta el momento, solo se sabe que la fiscalía tiene integradas tres denuncias en contra de tres exfuncionarios de aquella administración, incluida la propia María Teresa Castro, pero no hay más detalles de estas indagatorias.
Se sabe que, a la fecha, la secretaria de Finanzas solo logró recuperar 2 millones de pesos de lo perdido y está a la espera de que concluya el proceso de liquidación de esta institución financiera, para ver si se pueden recuperar al menos otros 400 millones de pesos.
De Fondika, solo se sabe que supuestamente la pasada gestión de Sergio Salomón Céspedes había logrado recuperar recursos por 5 mil millones de pesos, pero nunca se presentaron las pruebas para confirmar los dichos.
Ojalá el gobernador Armenta investigue y castigue con la misma vara ambos casos de corrupción, uno de la ex administración panista y el otro de una emanada de Morena.
