¡Vaya controversia!, la que se gestó en torno a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, discutida el miércoles pasado en comisiones en el Senado, que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades competentes.
Para entender esta ley hay que saber que el documento contiene 311 páginas y 310 artículos que volvieron a ser nota después de cinco meses de que se eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), exactamente el 28 de noviembre de 2024, esto bajo el argumento de que no era eficiente para combatir y castigar a los monopolios de la comunicación.
Hoy y con el fast track de esta ley, se entiende mejor que en realidad lo que se necesitaba era no tener un ente regulador que vigile y castigue las prácticas anómalas en esta materia. De otra manera es absurdo que, gracias a un “descuido”, con la difusión de una campaña de televisión e Internet en México y otros países para difundir un anuncio contra la migración indocumentada por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se haya tomado la decisión tan rápida de bloquear las plataformas digitales que publiquen lo que a criterio del gobierno sea “ofensivo”.
De acuerdo con el análisis de varios periodistas y expertos en materia de telecomunicaciones, hay una coincidencia absoluta, y esa es que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión está mal redactada, o contiene lagunas textuales que no son del todo comprensibles ni siquiera para quienes tendrían que hacerse cargo de hacer valer sus artículos.
Por ejemplo, el artículo 109 que da a la ATDT la facultad de determinar los procedimientos, parámetros o estándares para realizar el bloqueo de plataformas digitales, pasando por alto que para que las restricciones a la libertad de expresión sean legítimas deben estar establecidas por ley, de manera clara y precisa, por lo que dicha tarea corresponde al Congreso de la Unión y dichos parámetros deberían estar contenidos en la ley, situación que no está definida en esta ley.
Sin embargo, parece que además del pretexto de la difusión del mensaje discriminatorio hacia los migrantes, que no debió ocurrir, se van a rescatar puntos a favor de dicha ley, como que se tendrá más tiempo y más espacios para los medios públicos, sobre todo de radio, específicamente la radio pública, con contenido social, comunitario, indígena y afromexicano.
Por lo que el Gobierno destinará más tiempo a las Frecuencias Moduladas (FM) y Amplitud Modulada (AM) en radio pública para este fin, donde según la propia ley, habrá un aumento de hasta 30 minutos, destinados a temas educativos, culturales o de interés social, todo esto administrado por la Secretaría de Gobernación.
En resumen, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión destaca en este momento por tres cosas:
1.- No establecer las restricciones conforme a ley para bloquear contenido de carácter periodístico o de difusión en plataformas digitales.
2.- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades competentes.
3.- Se generará más contenido en medios públicos (del Estado), con carácter educativo, social, afromexicano y de propaganda gubernamental.
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Por cierto, dentro de los medios que publicaron y hasta pautaron el anuncio contra la migración indocumentada que difundió el gobierno de Donald Trump, está Televisa, quien este domingo dio de qué hablar con la publicación de Aristegui Noticias bajo el título de “Televisa Leaks”.
En esa investigación, se detalla la filtración masiva de conversaciones a través de WhatsApp y Telegram en las que se orquestaron ataques mediáticos políticos y sociales a muchos personajes importantes en el país, pero esa no es la noticia, la noticia es que los operadores del “palomar”, como se hacía llamar este grupo, eran trabajadores de Televisa pero también de la Dirección de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¡ni Judas fue tan traicionero!
Esto solo deja clara una cosa, y es que en política no hay coincidencias, así como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no fue causalidad de una campaña intimidatoria hacia los migrantes, ni descuido de los medios difundirla, tampoco lo es que la principal fuga de información venga del mismo equipo de quien es el afectado…
