Francisco Iracheta Fernández, director del Departamento de Humanidades y Ética del Tec de Monterrey en Puebla, establece que ocupar la posición 103 en el índice de percepción de la corrupción no sólo es responsabilidad de políticos y gobernantes, sino también de la ciudadanía, quien ha llegado a criticar las medidas anticorrupción anunciadas por Enrique Peña Nieto a causa de su falta de autoridad moral; sin embargo, señala que “aquél que nunca haya ejercido un acto de corrupción en su vida, que lance la primera piedra”.
En opinión del experto en Ética, la ciudadanía mexicana posee una doble enfermedad: el cinismo y el olvido. “No nos damos cuenta de la historia de este país en el tema de la corrupción, las veces en que hemos estado implicados, en no hacernos parte del problema, y pensar que la corrupción es por culpa de otros y no de nosotros mismos”.
Esta situación, para Iracheta Fernández, se confirma a través de recientes encuestas en las que más del 40 por ciento de la población está escéptica de que las medidas anticorrupción servirán para prevenirla. Así mismo, un 80 por ciento tiene poca seguridad de que se llegue a cumplir la declaración anual de conflictos de interés, así como las reglas de integridad para ampliar los códigos de ética de los funcionarios públicos.
Sin embargo, enfatiza que las preguntas y respuestas de las encuestas que hoy día se generan en torno al tema de las medidas presidenciales para abatir la corrupción no fomentan un reconocimiento de la forma en que los ciudadanos la ejercen. Por el contrario, “nos da risa cuando oímos que el presidente anuncia que lo investigarán, pero no nos hemos preguntado qué autoridad moral tenemos para criticar este primer intento por parte del gobierno”.
Desde la perspectiva del catedrático, la acción de crear una Unidad Especializada de Ética y Prevención de Conflictos de Interés dentro de la Secretaría de la Función Pública, que será responsable de dictar medidas preventivas; indica al menos un primer paso de conciencia y reconocimiento por parte de la misma autoridad, pues anteriormente no existía.
Y define que para que esta Unidad realmente funcione en principio es indispensable que se ejerza la ley y sea coercitiva en hechos que lo ameriten. “Debe existir un fortalecimiento de las instituciones legales y sistemas jurídicos para que la propuesta de Enrique Peña Nieto sea efectiva”, indica Iracheta Fernández.
En este punto, el también egresado de la Universidad de Bielefeld en Alemania, menciona que las universidades deben ser consideradas como aliadas en el establecimiento de la propuesta del Presidente, para incorporar el conocimiento, investigación y experiencia en temas como la cultura de la legalidad y ética en las organización.
Finalmente, Iracheta Fernández enfatiza que una vez establecida a nivel social la práctica de la ética y sus consecuencias legales, el siguiente paso es introducirla en el pensamiento y cultura de los ciudadanos, para que no se perciba como una obligación, sino como beneficio individual y colectivo.
