La fiscal Sandra Gutiérrez, de la región boliviana de Tarija, denunció que fue obligada a detener una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata y tráfico de personas. Gutiérrez, quien fue removida de su cargo, explicó que el fiscal general, Juan Lanchipa, intervino en el caso para desmantelar la comisión encargada de la investigación.
Morales enfrenta una acusación relacionada con un posible caso de trata de personas, en el que la presunta víctima es una joven de 15 años.
Según Gutiérrez, la investigación fue obstaculizada cuando se emitió un instructivo desde la Fiscalía General, ordenando disolver la comisión investigadora y dejando sin efecto la orden de captura. La exfiscal señaló que se le advirtió con sanciones penales y disciplinarias si no cumplía con las directrices, las cuales implicaban detener todo el proceso legal en curso.
Además, Gutiérrez informó que dos de los tres fiscales que integraban la comisión recibieron “memorandos de agradecimiento” y fueron despedidos por su participación en el caso. A pesar de contar con una orden de captura lista para ser ejecutada, esta fue anulada a última hora por una “acción de libertad” presentada en la ciudad de Santa Cruz, lo que evitó la detención de Morales.
La fiscal también expresó su preocupación por la filtración de la información, ya que la orden de captura no había sido divulgada públicamente, y cuestionó la independencia del Ministerio Público, al denunciar órdenes específicas para no proceder con la investigación.
Situación política compleja en Bolivia previo a las elecciones presidenciales
El caso se enmarca en la tensa situación política dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales y del actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Las divisiones internas y la lucha por el control del partido agravan el conflicto, en medio de las preparaciones para las elecciones presidenciales de 2025.
Gutiérrez no descarta llevar el caso ante instancias internacionales, argumentando que el delito de trata de personas constituye una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
