El presidente Enrique Peña se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a quienes les propuso la posibilidad de revisar y reducir la carga fiscal de empresas para que puedan generar más empleos.
Manifestó que la medida se llevaría a cabo eventualmente, sin quebrantar o sin alterar la estabilidad económica.
Asimismo, instruyó a los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de Economía, Ildefonso Guajardo, y del Trabajo, Alfonso Navarrete, a que se
reúnan con integrantes del CCE para analizar acciones que en el corto plazo puedan darle un mayor impulso a la dinámica productiva, y que puedan ofrecerle un mayor empuje al crecimiento del país.
Peña Nieto afirmó que el gobierno federal mantiene firme el rumbo, el cual permitirá que le vaya bien a México.
Manifestó que “no habremos de apartarnos, y aquí lo reafirmo, del proyecto de nación que he propuesto y que ha tenido el respaldo mayoritario de los mexicanos”.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, dijo a Peña Nieto que el gobierno tiene en la iniciativa privada un aliado seguro en el gran proyecto de mover y transformar la nación y afirmó que ésta cree en México y seguirá invirtiendo para detonar su enorme potencial.
PEÑA OFRECE A LA IP REVISAR CARGA FISCAL
El gobierno federal abrió la posibilidad de reducir la carga fiscal de las empresas mexicanas con la idea de generar más inversión y empleos, adelantó el presidente Enrique Peña Nieto, quien instruyó a los secretarios de Hacienda, de Economía y del Trabajo a que se reúnan con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) “para analizar acciones que en el corto plazo puedan darle un mayor impulso a la dinámica de la economía, y que puedan darle un mayor empuje al crecimiento de México”.
A los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el Presidente les ofreció la posibilidad de revisar, sin quebrantar, o sin alterar la estabilidad económica, de que eventualmente se puede reducir la carga fiscal que tienen las empresas, para que puedan generar más empleo, según un comunicado.
La iniciativa privada ha señalado en diversos foros públicos y privados que parte del debilitamiento de la economía proviene, precisamente, de la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso, que entró en vigor el primero de enero pasado; la acusan de confiscatoria, de no impulsar la demanda agregada y, de nuevo, de cargarle el mayor peso a los causantes cautivos, como el caso del IVA en fronteras y los cambios en la Ley del ISR, mientras se sigue haciendo fuerte la economía informal.
Peña Nieto garantizó a los empresarios que, a pesar de adversidades y coyunturas, su gobierno de ninguna manera desviará el rumbo del proyecto de nación que ha enarbolado desde iniciada su administración,
Ante los representantes del máximo organismo del sector privado, el Presidente ratificó que “no habremos de apartarnos, y aquí lo reafirmo, del proyecto de nación que he propuesto y que ha tenido el respaldo mayoritario de los mexicanos.
“Sin duda, no podemos ser ajenos a hechos de coyuntura que nos hacen repensar, replantear, corregir, pero no desviarnos de la ruta trazada la que, tenemos firme convicción, permitirá que al país le vaya mejor y que se abran mayores oportunidades para el empleo y desarrollo de los mexicanos”, sentenció.
Con los dirigentes del sector privado, encabezados por Gerardo Gutiérrez Candiani, Peña Nieto compartió el pan y la sal y, además, sostuvo un diálogo interactivo acerca de “diversos temas económicos y de interés nacional”, donde aseveró que el gobierno a su cargo “mantiene firme el rumbo”.
Gutiérrez Candiani le dijo que, con los empresarios, “su gobierno tiene un aliado seguro en el gran proyecto de mover y transformar al país”, y afirmó que creen en México y seguirán invirtiendo para detonar su enorme potencial.
El Ejecutivo les pormenorizó que entre las prioridades que tiene el régimen se encuentra asegurar la vigencia del Estado de derecho, “ante las vulnerabilidades, ante las deficiencias”, y hacer converger el esfuerzo de sociedad y de los gobiernos, en este sentido.
Peña Nieto recalcó en este rubro que “no es una ruta fácil ni tampoco habrá de ocurrir de la noche a la mañana”, por lo que, agregó, “lo importante es que de manera comprometida demos pasos para alcanzar de mejor manera este objetivo que la sociedad entera demanda y quiere: vivir en un Estado pleno de derecho”.
Enrique Peña indicó que esta certidumbre macro “no la vamos a alterar. No habremos de asumir decisiones irresponsables que vayan a vulnerar esta fortaleza que tiene hoy nuestro país. Por eso, reafirmo que el gobierno de la República mantendrá finanzas públicas sanas, un manejo responsable de las finanzas públicas y cuidará y mantendrá la estabilidad macroeconómica de nuestro país”, ratificó.
También Peña Nieto aseguró a sus invitados que las reformas hasta ahora aprobadas por el Congreso se pondrán en acción. “Ya iniciamos este trabajo. No estamos partiendo de cero, pero tampoco nos vamos a desviar o nos vamos a distraer”.
“Es compromiso del Estado mexicano, del gobierno de la República, al que asumo personalmente encabezando este esfuerzo, de hacer nuestra parte y cumplir nuestra responsabilidad en las áreas que son atribución del gobierno federal para mantener la plena vigencia del Estado de derecho, el libre tránsito y salvaguardar la seguridad y la integridad de todos los mexicanos”, aseveró el Presidente.
INICIAN LOS CAMBIOS AL SALARIO MÍNIMO
La Cámara de Diputados recibió ayer la iniciativa presidencial que prevé la creación de la denominada Unidad de Medida y Actualización (UMA) para concretar la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica que actualmente utilizan las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores.
El proyecto reforma el inciso A de la Base II del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución.
La propuesta del Ejecutivo forma parte del decálogo presentado la semana anterior para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.
La iniciativa le da al INEGI —organismo que mide la inflación— la facultad de establecer el valor de la nueva unidad, aplicando el procedimiento previsto en el régimen transitorio, que toma como base la inflación, mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Con la finalidad de respetar la utilización del peso como única moneda de curso legal en territorio nacional se propone que el artículo 26 de la Constitución establezca que las obligaciones y supuestos previstos en los distintos ordenamientos jurídicos que se denominen en la UMA se deberán solventar entregando su equivalente en moneda nacional.
“En congruencia con la creación de la UMA que sustituya al salario mínimo como unidad de cuenta resulta necesario reformar el artículo 41, base II, inciso a) de la Ley Suprema, relativo al financiamiento de los partidos, que hoy usan el referido salario mínimo como instrumento de actualización del citado financiamiento.”
Se prevé que la entrada en vigor de la reforma sea el día siguiente al de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
También se establece que el valor inicial diario de la UMA será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para el área geográfica “A” o el que llegara a sustituirlo, al momento de la entrada en vigor del decreto.
La reforma plantea que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en todos los ordenamientos jurídicos federales, estatales, del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de éstos, se entenderán realizadas a la UMA.
A partir de la entrada en vigor de los cambios, las autoridades competentes federales, del Distrito Federal, estatales y municipales tendrán plazo de un año para concretar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia.
Significa que deberán eliminarse las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la UMA.
Los ajustes deberán ser atendidos por el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras instituciones dedicadas al crédito para la vivienda.
Se plantea que “con esto se protege el ingreso de los trabajadores, evitando que potenciales aumentos al salario mínimo por encima de la inflación incrementen de manera desmesurada el saldo de sus créditos a la vivienda”.
La iniciativa dice que abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el decreto.
—Ivonne Melgar
