Ojalá me equivoque, pero las probabilidades de que en los comicios locales del 2 de junio se desaten hechos de violencia en distintos municipios de Puebla parecen altas, no sólo por la cerrada competencia que libran las coaliciones en varios de ellos y porque los partidos aliados de la Cuarta Transformación han decidido llevar al límite sus conflictos internos, sino porque grupos ligados a delincuentes o bandas del crimen organizado optaron por postularse como candidatos a las presidencias municipales.
En la entidad ya existen antecedentes de extrema violencia, como los asesinatos de Javier Torres Barrera “El Charro”, excandidato del PAN a la presidencia municipal de Chiautla de Tapia, que fue levantado en su rancho el 13 de julio del año pasado y horas más tarde encontrado sin vida y con signos de tortura sobre el bulevar Emiliano Zapata, en un paraje cercano a la comunidad de San Juan del Río; y Jaime González Pérez, candidato de Morena y el PT a la presidencia municipal de Acatzingo, asesinado el 23 de marzo en su propio lote de venta de autos.
Integralia Consultores, en su reporte del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, ubicó a Puebla como el quinto estado del país con más hecho de violencia, al contabilizar al menos 11 ataques en contra de candidatos o personas involucradas en el proceso electoral, entre ellos la ya mencionada ejecución del candidato morenista de Acatzingo, ocho agresiones contra militantes y simpatizantes de Morena y partidos aliados, y otras tres en perjuicio de miembros del bloque conformado por el PAN, el PRI, PRD y PSI.
A estos hechos de violencia se han sumado otros, como el asalto en el fraccionamiento La Carcaña donde vive el candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, donde fueron golpeadas tres de sus vecinas de la casa de enfrente; y el ataque a balazos que sufrió Adriana Osorio Caballero —y su esposo Miguel Carrillo—, integrante de la planilla de regidores de Cristóbal Coello Maceda, candidato del PRD a la presidencia municipal de Zoquitlán, en la junta auxiliar de Tepexilotla.
Además la agresión a tiros que este domingo por la madrugada sufrió en su casa el candidato del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Oriental, Jesús Moncada Gómez; hecho similar que sufrió Marco Alfonso Carmona, integrante de la planilla de regidores de su contrincante de Morena Fidel Flores Concha, el 16 de mayo; el enfrentamiento de policías que custodiaban a la candidata del PT a la presidencia municipal de Coyomeapan, Clarissa Reyes Olaya, con vecinos de la localidad de San Juan Cuautla la tarde ayer domingo; y el ataque a balazos de que fue víctima ayer un operador de la candidata antorchista a la presidencia municipal de Cuayuca de Andrade, Lorena Castillo López, por parte de integrantes de la planilla del partido Nueva Alianza.
Hasta ahora los hechos ahí han quedado, pero no sería raro que en las dos semanas que restan a los comicios las pasiones se desborden y las denuncias de violencia vayan al alza, sobre todo en aquellos municipios de la Sierra Norte, la Mixteca poblana y el llamado Triángulo Rojo, donde la competencia entre candidatos se ha cerrado y los grupos delincuenciales han pasado de financiar campañas a infiltrarse en partidos, planillas de regidores e incluso hacerse de algunas candidaturas a presidente municipal.
En algunos municipios esta situación es muy evidente y las autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública lo saben pero no hacen nada, ya sea porque estos personajes peligrosos son sus aliados políticos o electorales, o porque no les dan altas posibilidades de ganar los municipios donde participan, unas veces como candidatos a regidores o ediles y otras como patrocinadores de sus campañas.
El panorama no es optimista, pues además de las elecciones la entidad vivirá un proceso de debilidad institucional debido al cambio de poderes, por la salida y pérdida de poder de las autoridades que se van, y la llegada de nuevos actores que comenzarán a incidir en la toma de decisiones, aunque sus gestiones formalmente comiencen hasta septiembre, octubre y diciembre de este año.
Tales vacíos no pasan inadvertidos para los capos del crimen y la delincuencia, que aprovechan estas circunstancias para ganar terreno, apoderarse de plazas que no tenían o habían perdido, y comenzar a cobrar facturas a los partidos, regidores y presidentes municipales electos que apoyaron.
