Aunque el gobierno federal tenga otros datos y busque maquillar las cifras para decir que la inseguridad no se infiltrará en las elecciones, la realidad nos ha golpeado.
El asesinato de Jaime González Pérez, la tarde del sábado, frente a sus hijos menores de edad nos recordó de la peor manera que Puebla no está exenta de la violencia que se vive en el país.
La condena de los candidatos, de las autoridades y de políticos en general debe ser acompañada con acciones contundentes. Hechos que vayan más allá de lanzar un tuit exigiendo que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice las investigaciones, localice a los responsables y los detenga.
Si realmente les preocupa tanto la seguridad en este proceso electoral, podrían comenzar por cuidar a quiénes postulan los partidos políticos, así como los nexos y hasta los señalamientos. Permitir que quienes en el pasado han sido denunciados o han cometido actos de violencia o delitos, contribuye al enrarecimiento del clima electoral.
La muerte de González Pérez es parte de ese mensaje que previo al inicio del proceso electoral lanzó la Iglesia cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que estas elecciones requerían la voluntad y el trabajo de todas las autoridades del país para garantizar elecciones seguras.
Aunque políticamente es correcto enviar las condolencias y exigir que se esclarezcan los hechos, lo cierto es que eso difícilmente les devolverá a los habitantes del municipio de Acatzingo la tranquilidad.
El caso de Jaime González debería ser suficiente para que se vigile que en el resto del territorio poblano no se repita ninguna desgracia así, ni siquiera en atentados. Sería el mejor homenaje.
¿Querrán los líderes partidistas revisar detalladamente las listas de sus candidatos o se harán de la vista gorda como hasta ahora?
Veremos y diremos.
“Cosas que lamentablemente suceden”
Los gobernadores morenistas de Sinaloa y Campeche, Rubén Rocha Moya y Laida Sansores, respectivamente, enfrentaron la furia de sus gobernados este fin de semana.
Tras el secuestro masivo de más de 50 personas en Sinaloa, el gobernador soltó la indolente frase “son cosas que lamentablemente suceden”.
Sobra decir que los reclamos ante la inseguridad en el estado, que permitió que mujeres, bebés, niños, niñas, ancianos y jóvenes fueran sacados de sus domicilios y secuestrados, fueron bastante airados, casi tanto como los gritos que se escucharon en las tres marchas que se vivieron en Campeche exigiendo la destitución de Sansores, tras el escándalo de exponer a mujeres policías, durante un motín en una cárcel.
La crisis en el sur generó gritos desde “traidora” hasta “el pueblo pone y el pueblo quita”, pasando por “Voto de castigo”. Lejos de entender o atender la mayor crisis política del estado, la respuesta fue contundente: retirar el servicio público de transporte. ¡Brillante idea!
¿Sobre esto se hablará en el Jaguar o esta vez preferirán guardar silencio?
