La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente se inició la discusión de las reservas, tras lo cual nuevamente fue aprobada la extinción de los 13 fideicomisos, ahora en lo particular, con 260 votos a favor y 196 en contra, por lo que el dictamen se turnó al Senado de la República para su validación.
Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente (Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia).
En los transitorios menciona que los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el segundo párrafo del artículo 224 de su Ley Orgánica y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación, respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables.
Indica que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos, que por razón del presente decreto se extinguen o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardado los derechos que correspondan.
Además, los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminen, deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación al término del plazo señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto.
Para lo particular, la Mesa Directiva informó que se presentaron propuestas de modificación al proemio y metodología del dictamen, a la denominación del artículo único del proyecto de decreto, al artículo 224, así como a los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del proyecto de decreto.
No crear ni mantener fondos o fideicomisos adicionales
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), expresó que el objetivo del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano.
Se propone, dijo, que dentro del Poder Judicial no puedan crearse ni mantenerse fondos o fideicomisos adicionales a los contemplados por su propia ley, como es el caso del Fondo para la Administración de Justicia.
Con la finalidad de preservar la seguridad jurídica, expuso que el régimen transitorio determina que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos por razón del decreto se extinguen o terminan, sean atendidos con los recursos propios de los fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables.
“De tal forma que los recursos de los fideicomisos no se reintegrarían en automático a la Tesorería de la Federación, sino que deberán ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan”, añadió.
González Robledo resaltó que únicamente los recursos remanentes serían reintegrados a las tesorerías correspondientes de los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la Federación. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de las obligaciones derivadas precisamente de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento.
Con el dictamen, aseguró, no se afectará la independencia judicial, elemento fundamental de un Estado constitucional de derecho, que siempre debe ser protegido. En lugar de ello aborda específicamente la necesidad de optimizar la gestión de los recursos públicos de manera más eficiente, transparente y regulada.
La reforma es legal, falso que sea ilegal
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “es legal, falso que sea ilegal; es pertinente y, sobre todo, es necesaria. Está apegada a la división de poderes, nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte”.
Indicó que es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. Resaltó que 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. “No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución”.
Atenta contra uno de los tres poderes
Por el PAN, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer precisó que el dictamen debilita la democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado; es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, “porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos creados para un fin específico”.
Destacó que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no solo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Este dictamen, agregó, contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales y sociales de todos los trabajados de dicho Poder.
Va contra el principio de división de poderes
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) dijo estar en contra de afectar las expectativas de derecho de los trabajadores al servicio del Estado adscritos al Poder Judicial, burócratas que tienen como patrón a uno de los tres poderes. El dictamen rompe la normalidad constitucional, “atenta contra el principio de división de poderes cuando un Poder se arroga la facultad de disponer de los activos, de los recursos o de los fideicomisos de otro”.
Recalcó que la reforma atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado porque “esos fideicomisos, de los cuales el Poder Ejecutivo busca apropiarse, le dan garantía de las prestaciones y de los derechos laborales”.
Buscan nacionalizar recursos privados
Por Movimiento Ciudadanos, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg expresó que lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso llevará a amparos, acciones de inconstitucionalidad y se resolverá nuevamente un asunto en la Corte, ya que gran parte de los 13 fideicomisos que se quiere desaparecer vienen de las propias aportaciones mensuales, colectas y donativos de los trabajadores.
Lo que se pretende, afirmó, es una nacionalización de recursos privados; es un antecedente gravísimo, pues tal vez lo que siga será nacionalizar las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social o las Afores. “Es un precedente grave y se afecta a personas de carne y hueso. Debemos dialogar para no volver a cometer errores como los suscitados en los fideicomisos anteriores”.
Vulnera derechos laborales de 55 mil trabajadores
Miguel Ángel Torres Rosales, diputado del PRD, mencionó que los derechos de los trabajadores no deben sujetarse a caprichos políticos, menos cuando están en la Ley o en las condiciones generales de trabajo. La reforma, dijo, no surtirá efectos, pues mediante amparos de los trabajadores y las acciones de inconstitucionalidad que se harán llegar “esta reforma también se va a caer”.
Relató que el dictamen no fue competencia de la Comisión de Presupuesto; busca eliminar 13 fideicomisos de los 14 que tiene actualmente el Poder Judicial y con ello se pretende que poco menos de 15 mil millones de pesos pasen a las arcas del Poder Ejecutivo vulnerando los derechos laborales de 55 mil trabajadores que resultarán afectados. Estos fideicomisos datan de 1988.
Extinción afecta derechos de los trabajadores del Poder Judicial: SCJN
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la extinción de esos 13 fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 afectaría los derechos laborales de los más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
De esos fideicomisos, según la misma fuente, al menos seis tienen relación con obligaciones patronales para cumplir con derechos de los trabajadores como vivienda, cobertura de salud, pensión y retiro.
