La muerte de 39 migrantes, calcinados, en un albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Ciudad Juárez, Chihuahua, es la trágica evidencia del fracaso de la política en la materia tanto de México como de Estados Unidos. Es un problema con muchas aristas y con varios aciagos ingredientes.
La mayoría de los migrantes que falleció de una manera terriblemente dolorosa eran de Centroamérica, pero también había de Venezuela.
El Inami se ha dedicado, desde hace décadas, a contener la migración sin un acompañamiento efectivo en derechos humanos.
La repartición de culpas hoy es intensa, como los deslindes.
También han avanzado las investigaciones.
La secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que se identificó ya a ocho presuntos responsables.
Dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes tenía a su cargo el resguardo de las instalaciones.
Sin embargo, el problema también es sistémico y abarca responsabilidades que tocan al actual gobierno, tanto como a los anteriores.
De ahí que no sea exagerado decir que se trata de un crimen de Estado, por omisión.
El actual régimen, desde su llegada, dejó como pendiente el cambio de fondo de las políticas migratorias.
Del gobierno de Enrique Peña Nieto heredó un sistema policiaco antiinmigrante que se concentró en detener a los extranjeros que buscan llegar al norte.
Lo hicieron en las fronteras, pero también en los estados, como Puebla, que son paso forzoso en el flujo hacia Estados Unidos.
No está de más recordar quién fue el primer comisionado del Inami en la era peñista: el poblano Ardelio Vargas Fosado.
Lo fue de enero de 2013 a enero de 2018.
Casi todo ese sexenio.
La experiencia del ex alcalde, ex diputado federal, ex secretario de Seguridad Pública del morenovallismo, era y es precisamente policiaca.
Se imprimió, desde ese gobierno federal, ese énfasis a la política migratoria nacional.
Como nunca hubo detenciones.
Pero no ha cambiado esa dinámica.
Incluso se endureció.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2021, fueron detenidos 228 mil 115 migrantes en tránsito.
En 2022, la cifra fue desorbitante: 444 mil 439.
Eso, a pesar de que el actual comisionado nacional del Inami, Francisco Garduño Yáñez, es doctor en derecho y ciencias jurídicas y tiene una maestría en derechos humanos.
No dudamos de sus buenas intenciones, pero no ha sido capaz de bajar las instrucciones y parámetros de una nueva política al personal del Instituto.
Queda claro que en el caso de los custodios y funcionarios del albergue de Ciudad Juárez no hubo capacitación suficiente.
Actuaron como carceleros.
No abrieron las puertas, cuando el incendio que los migrantes habían comenzado con colchones, a modo de protesta, se convirtió en una jaula de muerte.
La Arquidiócesis de Puebla, a través de su Dimensión (antes Pastoral) de Movilidad Humana advirtió con claridad este miércoles que las políticas migratorias no deben ser privativas de la libertad.
“Instamos a que las políticas migratorias no sean de contención y eviten imponer medidas privativas de la libertad a las personas que se encuentran en contexto de movilidad humana. Motivamos a que se realicen acciones que garanticen la vida, la libertad y la integridad de los migrantes”, expuso en un comunicado.
Comenzando por ahí.
¿Por qué tiene tanta importancia esta postura?
Porque uno de los trabajos más intensos y efectivos a favor de los migrantes en tránsito se ha realizado precisamente en Puebla y por la Iglesia Católica.
Universidades de prestigio, organizaciones de defensa de los derechos humanos y activistas de prestigio nacional e internacional lo han reconocido a lo largo de los años.
Pero está el otro componente aciago de esta ecuación.
México, incluso con la Cuarta Transformación (4T), no ha podido virar esa política policiaca contra los migrantes en tránsito, porque también la presión del vecino del norte ha aumentado.
Los presidentes de Estados Unidos, desde Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, han pedido lo mismo: detengan a los migrantes antes de que lleguen a la frontera.
O en la frontera.
El resguardo de la border line ha sido encargado a los mexicanos.
Y los funcionarios mexicanos lo han hecho.
Mientras esto no cambie, desgraciadamente, la muerte viajará al lado de los migrantes, acechándolos, cuando transiten por México.
