Académicos, productores y organizaciones civiles lograron frenar de manera temporal, a través de un amparo colectivo, los permisos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz, debido no sólo a que generará problemas de salud en la población, sino acabará con las variedades de maíz en México y traerá graves problemas para la cosecha del producto, en perjuicio de los pequeños campesinos.
En una rueda de prensa, el abogado, Romualdo Hernández, quien forma parte de la Asociación Civil Colectivas, explicó que la demanda recibida por el Juzgado Federal Decimosegundo de Distrito en Materia Civil, en la ciudad de México, se hizo bajo el argumento de proteger la biodiversidad que tienen todos los mexicanos, porque al ser el centro y el origen del maíz el reservorio sería patrimonio de toda la humanidad.
Al interponer la acción colectiva se logró que el Poder Judicial emitiera una medida cautelar que ordenó a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspender el otorgamiento de permisos, tanto piloto, experimentales y comerciales, para evitar que Monsanto u otras empresas liberen sus semillas transgénicas en todo el territorio nacional. Además de la suspensión se entraría al debate de fondo sobre si los transgénicos hacen daño o no.
De acuerdo con el abogado el juicio estaría iniciando y se va a notificar a la colectividad, que es toda la sociedad mexicana, para llegar a un proceso de conciliación, difícil de darse con la compañía y con las dependencias del gobierno federal, y entonces se abriría el periodo a prueba, donde se tendrán que presentar los argumentos sobre los beneficios y perjuicios de los transgénicos para que la población los conozca.
“Los compañeros científicos han emitido una cantidad de estudios y hemos demostrado que los transgénicos son perjudiciales, tanto para el medio ambiente, como para la salud, pero lo importante de la medida cautelar es que finalmente el Poder Judicial ha entrado en un debate de fondo de una medida que venía siendo un tema tabú, un silencio administrativo total y creo que eso es lo más importante”, sostuvo Hernández.
El periodo de prueba podría abrirse hasta enero del próximo año, porque se tiene que notificar a las partes (57 personas y 22 organizaciones) y también a la colectividad, la sociedad mexicana. Donde se tendrán que presentar pruebas científicas, por ambas partes. En caso que algún funcionario o dependencia decida aprobar la experimentación transgénica en este periodo se podría hacer acreedor a una multa o, incluso, ser arrestado por violar una determinación judicial.
Cabe mencionar que en Puebla no se tienen pruebas sobre cosechas de maíz transgénico, aunque existen sospechas que podría haberse dado una contaminación debido a que sí se han liberado semillas en Oaxaca y Tlaxcala de forma piloto, las cuales podrían haber llegado a la entidad por la cercanía. Sin embargo, para comprobarlo se tendrían que hacer pruebas en laboratorio porque a simple vista no se determina.
El pueblo no necesita el maíz transgénico
Hablando en nombre de las organizaciones campesinas, Alonso Aco Cortés, de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), comentó que la resolución tiene muchas aristas pero una de ellas se refiere al hecho que se abre el debate de manera profesional, desde la Medicina y la Antropología, para conocer más sobre la producción de maíz transgénico.
“¿Necesitamos del maíz transgénico? ¿Lo necesitamos? ¿Quiénes lo necesitan? El pueblo no lo necesita, y bueno, es obvio que esto es una andanada del gobierno, que viene junto con toda esa política de neoliberalismo (…) Para el campesino el maíz no sólo es una comida, ya lo decía el antropólogo, Julio Glockner, es algo sagrado, a ellos no les importa si fundamentalmente van a ganar mucho dinero, ellos saben que necesitan comer porque a través del maíz comen no sólo físicamente, come también su espíritu”, dijo el campesino.
Por eso consideró que es muy importante que se comience con una campaña de difusión para detener el proyecto, aunque serviría para posicionar el tema en los medios de comunicación, para que la sociedad se comience a organizar y para que las comunidades indígenas, que son las principales productoras de maíz, se enteren y sean consultadas al respecto.
De acuerdo con la organización Vía Orgánica, el 53 por ciento de la ingesta calórica (carbohidratos) y el 22 por ciento de la proteínica de los mexicanos proviene del maíz como grano nixtamalizado; en caso que se abriera la posibilidad del uso de transgénicos habría grandes afectaciones a la salud, pues aún no se sabe a ciencia cierta qué efectos tienen en el cuerpo dichas sustancias, aunque se considera un factor de riesgo para desarrollar cáncer.
La demanda colectiva estaría encabezada por organizaciones como: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec), la Fundación Semillas de Vida, Fomento Cultural y Educativo, Fronteras Comunes, Alternativas y Procesos de Participación Social, Tosepan Titataniske y el Grupo “Vicente Guerreo”, así como personalidades, como el padre, Miguel Concha; el doctor, Antonio Turrent; el maestro, Bernardo Bátiz; el antropólogo, Julio Glockner, y las actrices, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.
