Durante los días de la “tersa” transición entre los gobiernos del saliente Mario Marín Torres y del entrante Rafael Moreno Valle se acordó un decreto para que se brindara un equipo de seguridad a los ex gobernadores pero además a aquellos secretarios que hubiesen tenido una responsabilidad delicada que pusiera en riesgo sus vidas.
De esta forma, a su salida, en enero de 2011, además de Mario Marín, los ex secretarios de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, de seguridad, Mario Ayón Rodríguez y el ex procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra gozaron de servicios personales de escoltas calificados y facultados para portar armas.
En teoría, los aludidos personajes gozarían de este beneficio, a costa del erario, por un lapso de cuatro años, con opción de solicitar una ampliación.
No obstante, la canonjía les duró menos de dos años ocho meses pues de buenas a primeras, la administración morenovallista decidió dar la orden de suspender los sueldos a los cuatro escoltas que en promedio tenían cada uno de los ex funcionarios .
Hace un mes, la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, de donde salen los sueldos de los guaruras, canceló los recursos sin mayor justificación que un aparente ajuste presupuestario que no ha pasado por una modificación a la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Sin embargo, hasta donde se sabe la medida mantiene intactos los beneficios hacia Marín Torres quien cuenta con una plantilla de ocho escoltas a sus servicios.
En febrero de 2011 trascendió que el ex gobernador Marín contaba con un grupo de elementos pagados con recursos públicos pero que a decir del entonces secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, no formaba parte de un acuerdo entre los gobernadores saliente y entrante.
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Harto curioso han resultado los argumentos del dirigente Nacional del Partido Acción Nacional para defender la iniciativa para la construcción de un Instituto Nacional Electoral (INE) que supla al Instituto Federal Electoral y a todos los organismos del ramo en los estados.
De acuerdo a las declaraciones del dirigente panista, rescatadas de la prensa, ha dicho cosas como las siguientes:
Que “hay un compromiso de crear un instituto nacional electoral que evite comportamientos sesgados de autoridades ante un poder como es el de los gobernadores”.
Que “el catálogo de vicios es grande, las mañas son innumerables, en la reforma electoral estamos promoviendo un Instituto Nacional Electoral para superar la vulnerabilidad que tienen los institutos estatales electorales. (Buscamos) institutos más independientes, actualmente no se justifica tener dos estructuras de manera paralela”.
O que “el PAN es federalista, no feudalista. En México los gobernadores se han convertido en señores feudales y esto es lo que se quiere combatir subsidiariamente hasta que no se tenga un congreso que les ponga un contrapeso a estos señores feudales”.
Por supuesto, como es de esperarse, el presidente nacional del PAN se erige como el portavoz de la democracia encarnada y exime a los gobiernos emanados de su partido de la crítica y oculta la mínima sospecha de que en las entidades que gobierna (Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora) se repliquen las mismas prácticas que le endosa al PRI.
Todo bajo el supuesto de la mera alternancia, como si esta fuera por definición y praxis una garantía de un ejercicio político aséptico.
Luego por qué los acusan de tener doble moral.
Hasta el próximo miércoles.
Twitter: @elsalvadorrios
