Tal como se advirtió en esta columna hace un par de semanas, 14 integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que comparten la misma característica, que es haber llegado a esa posición por obra y gracia del extinto exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quieren impedir que al Poder Judicial arriben togados identificados con la 4T o con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Por esa razón, la semana anterior tomaron la decisión de intentar imponer como nueva magistrada del TSJ a la juez Amada Teresa Márquez Bermúdez, una mujer plenamente identificada con el morenovallismo y el Yunque.
Buscan que la titular del Juzgado Primero de lo Familiar con sede en la ciudad de Puebla ascienda a magistrada, en lugar del togado Enrique Flores Ramos, quien falleció por Covid19 el pasado 3 de febrero y bajo el argumento de que ya se excedió el mes del deceso, la decisión de elegir al nuevo integrante recaiga entre los miembros del pleno del TSJ y no en el Congreso local.
Es una manera de querer conservar la fuerza del núcleo mayoritario de magistrados, bajo el cálculo político de que en tres años podría regresar al poder el PRIAN y habría condiciones para recuperar los fueros que tenían en los gobiernos morenovallistas, en donde no importaba que varios de ellos tuvieran investigaciones por actos no legales o carecieran de carrera judicial.
Hace un par de semanas se narró en este espacio que 16 de los 25 magistrados que forman la cúpula del TSJ, todos ellos morenovallistas, estaban inquietos por el lugar vacío que dejó Enrique Flores Ramos y por ese motivo, con toda mala intención, estaban estudiando la manera de evitar que se empiece a romper el dominio de dicha facción con la llegada de nuevos magistrados que sean afines a la 4T.
¿Qué pasó desde entonces? Cuatro hechos destacados:
Primero: se redujo el número de magistrados que son parte de esta intriga. El presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, ha optado por aparentar que es ajeno a esta lucha interna del Poder Judicial. Mientras que Jorge Benito Cruz Bermúdez presentó su renuncia, luego de enfrentar nueve demandas por actos de corrupción. Por lo que se redujo de 16 a 14 los togados que quieren cerrar el paso a la 4T en el Poder Judicial.
Segundo: Jared Albino Soriano Hernández, actual integrante del Consejo de la Judicatura, es quien habría tomado el liderazgo de los magistrados morenovallista y quien los habría llamado a cerrar filas para impedir que se fracture la unidad del grupo, bajo la idea de que: “si quitan a uno, luego nos van a quitar a todos”.
Tercero: Soriano Hernández propuso poner en lugar de Enrique Flores Ramos a una integrante de su equipo de trabajo, que es: la juez Amada Teresa Márquez Bermúdez, quien encabeza el Juzgado Primero de lo Familiar en Puebla, bajo la idea de que por equidad de género corresponde a una mujer ocupar un lugar en el pleno del TSJ.
Cuarto: la selección de Amada Teresa Márquez puede parecer correcta desde el punto de vista de que tiene una carrera judicial de 30 años de experiencia, pero atrás de su posible postulación hay un intento de proteger los privilegios morenovallistas, que tienen su último reducto en el Poder Judicial, al quererse elegir a una mujer que pertenece a la extrema derecha de Puebla.
Egresada de la licenciatura de Derecho y la maestría en Ciencias Penales por la UAP, Márquez Bermúdez ha sido juez en Chignahuapan, Huejotzingo, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y en la ciudad de Puebla. Además, ha sido catedrática en la UAP, la Ibero, la Universidad Cuauhtémoc, el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y la Escuela Libre de Derecho.
Y frente a ese buen currículum vitae sobresale que fue una destacada integrante de Actívate por Puebla, una organización que con el apoyo de varias universidades y organismos empresarios surgió entre los años 2009 y 2010 como un aparente movimiento de la sociedad civil para cuestionar al gobierno del priista Mario Marín Torres y favorecer la campaña electoral del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Actívate por Puebla apareció cuestionando la falta de transparencia en la gestión de Mario Marín Torres y años más tarde, se utilizó para legitimar la opacidad, la corrupción y la represión del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Todo lo que criticó al marinismo, se lo solapó al morenovallismo. Tan es así que uno de sus líderes, el empresario Francisco Rodríguez, lo colocaron como diputado y alto funcionario del gabinete estatal.
Una segunda prueba de esa vinculación al morenovallismo de Amada Teresa Márquez, es que su esposo José Mario Méndez Balbuena fue comisario de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, bajo previa autorización del entonces exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en la gestión del edil panista Leoncio Paisano.
¿Cuál es el problema de que surja otro magistrado morenovallista?
La intención de no querer dejar pasar a un magistrado simpatizante a la 4T, son se reduce a un asunto de camaradas o magistrados que tienen lasos de afecto.
Es un esfuerzo de querer frenar el intento del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de limpiar la función judicial, que atraviesa sus momentos más oscuros desde hace 10 años.
Solo hay que revisar cuántos presos políticos hubo en el morenovallismo y a cuántos líderes del crimen organizado se les dejó en paz por parte de jueces y magistrados.
