Funcionarios de la Secretaría de Finanzas y proveedores de la Secretaría de Salud de Puebla que estuvieron involucrados en muchas de las transas hechas durante el sexenio de Mario Marín Torres con la compra de equipo y mobiliario médico, ropa e instrumental hospitalario, medicamentos y reactivos de laboratorio, han encontrado en los gobiernos de Veracruz y Tlaxcala tierra fértil para continuar sus pingües negocios.
Tal es el caso del empresario Rafael Zabalza Beraza, quien sigue haciendo de las suyas, pero ahora en complicidad con funcionarios de los Servicios de Salud de Veracruz, donde le acaban de adjudicar un contrato por 26 millones 203 mil pesos por la adquisición de equipo médico y de laboratorio para el programa PRONAREMI.
En la amañada licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12 participaron tres empresas: una en la que él aparece como representante legal y otras dos de las cuales los dueños o socios son empleados o prestanombres suyos.
El fallo, como se imaginará, fue para su empresa Biotecnología CADO SA de CV, en la que Rafael Zabalza figura como principal accionista y representante legal.
Pronto le daré más detalles de esta oscura licitación —cuya convocatoria se publicó el 27 de diciembre de 2012, en plenas vacaciones decembrinas—, así como los nombres de los funcionarios de Salud de Veracruz implicados en esta operación con recursos públicos federales.
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Otro personaje que también está metido en sucios negocios con la compra de insumos y materiales de oficina, alimentos para hospitales y reactivos de laboratorio para el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala es Jorge Capiz Jasso, ex funcionario de la Coordinación General de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas de Puebla.
El ex funcionario marinista se desempeña en la actualidad como director de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor del gobierno de Tlaxcala.
En el gobierno de Mariano González Zarur, Jorge Capiz es un personaje con mucho poder e influencia, pues es responsable de autorizar las compras y contratos importantes de prestación de servicios de las diferentes dependencias y organismos centralizados de la administración pública estatal.
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Ahora que Elba Esther Gordillo está en la picota y algunos secretarios seccionales del SNTE andan muy nerviosos por las posibles investigaciones que pudieran derivarse del manejo de cuotas sindicales y fondos públicos canalizados a través de su organización, han comenzado a surgir voces que reclaman una auditoría al programa de becas Ignacio Zaragoza.
En Puebla se iban a entregar 500 becas a igual número de estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de todo el estado.
Cada beca consistía en un apoyo económico de 10 mil pesos que se pagaría en una sola exhibición a los mejores alumnos de tercero a sexto de primaria, y de primero a tercero de secundaria, que aplicaran y fueran seleccionados por el Consejo de Premiación Mixto que se integró con representantes de la SEP y el SNTE.
Los beneficiados con las becas Ignacio Zaragoza se iban a publicar el 22 de junio de 2012 en lugares visibles de las SEP, las 19 Cordes y las oficinas de la secciones 23 y 51 del SNTE, lo que no siempre ocurrió.
Lo lamentable es que varios alumnos que supuestamente obtuvieron la beca jamás pudieron cobrarla por las trabas y largas administrativas que les dieron a sus padres.
