Aunque muchos dan por cerrado el caso de Germán López Brun, no es así, ya que el ex magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Puebla (TEEP) ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron con criterios político y no estrictamente jurídicos para negarle el amparo que posibilitaba ordenarle el Congreso local reinstalarlo como miembro del pleno del TEEP.
Dicho asunto cobra especial relevancia porque este día, con el aval de un colegio de profesionistas y dos instituciones de educación superior, Germán López Brun se presentará al Congreso local para registrarse como aspirante a ser magistrado del TEEP, el cual habrá de renovarse en el actual periodo de sesiones del Poder Legislativo.
A lo largo de un litigio que duró cuatro años y medio –el cual concluyó en junio de 2011–, el abogado López Brun logró exhibir como el Congreso del estado legisla con criterios políticos y sin sustentar jurídicamente sus actos en la mayoría de sus actuaciones. Por esa razón, consiguió que la SCJN se fijara en su caso y de manera inédita, el máximo tribunal del país aceptara analizar dentro del ámbito electoral un asunto de violación a las garantías individuales.
Antes del expediente López Brun la SCJN no intervenía en litigios de orden electoral y mucho menos cuando algún querellante argumentaba haber sufrido una violación de derechos constitucionales.
López Brun emprendió ese litigio luego de que en 2006 el Congreso al renovar el pleno del TEEP, primero emitió un dictamen en el cual estableció que el entonces magistrado de ese tribunal era apto para ser ratificado –junto con el también magistrado Reynaldo Lazcano Román–; luego lo puso a concursar con personas sin experiencia en la conducción de un órgano jurisdiccional y al final le negaron la posibilidad de ser nombrado para un nuevo periodo.
Las principales anomalías que hubo es que los diputados nunca pudieron sustentar porque le negaron el derecho de ser magistrado para un nuevo periodo y en cambio si le dieron esa posibilidad a Lazcano; y lo más importante, nunca pudieron explicar por qué por un lado lo declararon apto para ser ratificado y por otro, no lo consideraron para ser parte del nuevo pleno del TEEP. Ante esa actitud desaseada del Congreso, Lazcano inició una batalla legal que llegó a la SCJN y ahora a la CIDH.
Cuando el caso llegó a la SCJN, puso tan nervioso al gobierno de Mario Marín que en una ocasión López Brun fue llamado a la Secretaría de Gobernación en donde le ofrecieron un “cañonazo” de varios millones de pesos, que era más del doble de los salarios no devengados como magistrado, para que abandonara el juicio. Una prueba de que no aceptó, es que su caso sigue vigente ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que más interesante resulta de este asunto son dos aspectos:
1. En su momento el PAN calificó injusto el fallo de negarle a Lazcano la posibilidad de ser nuevamente magistrado del TEEP, ya que se sabía que no había ningún impedimento legal o ético para ratificarlo, pero como no era de las simpatías de Javier López Zavala, quien controlaba a los diputados del PRI, la mayoría de los legisladores priistas le negó un nuevo periodo en el tribunal.
Ahora surge la pregunta: ¿si el PAN en su momento consideró injusta la no ratificación como magistrado de López Brun, en el presente los diputados panistas en congruencia conservarás ese criterio o lo va a modificar de acuerdo a los intereses políticos del Poder Ejecutivo?
2. En los años en que este abogado fue magistrado del TEEP le caracterizó por no tener en su contra una sola queja de alguna fuerza política, sus proyectos de resolución nunca fueron cuestionados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su desempeño siempre fue eficiente. Sin contar que nunca ha estado vinculado a un partido político o sometido a un escándalo de corrupción.
Frente a esos hechos parecería que el Congreso local no tiene argumentos para negarle ser nuevamente magistrado del TEEP. Y con creces puede rebasar a la mayoría de quienes van a aspirar a ser magistrados, ya que nadie tiene la experiencia de haber sido juzgadores en materia electoral.
Ese dilema genera la interrogante: ¿el Poder Legislativo volverá a cometer el gazapo de no poder sustentar jurídicamente por qué López Brun no puede volver a ser magistrado electoral?
No es difícil que el Congreso cometa de nuevo un brete. Tan sólo hay que revisar que en la reciente renovación del Instituto Estatal Electoral (IEE) los diputados actuaron con absoluta opacidad, ya que no pudieron emitir la más mínima justificación de por qué se eligió a los actuales consejeros electorales, ya que varios de ellos carecen de toda experiencia en este ámbito.
Y tampoco se pudo emitir un juicio público de por qué unos consejeros de la pasada administración del IEE fueron ratificados y otros no.
¿Por qué la CIDH?
El 28 de octubre de 2009 la Segunda Sala de la SCJN le dio un amparo a Germán López Brun contra la negativa del Congreso de ratificarlo como magistrado, el cual significó un hecho inédito, ya que el máximo tribunal se involucraba en un litigio del orden electoral.
Luego de ese fallo el Congreso se negó a acatar el resolutivo y le negó al demandante la posibilidad de ser reinstalado en el TEEP. Esa situación supuso un desacato de los entonces diputados priistas Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo.
Cuando el asunto regresó a la SCJN, se creí que habría un fallo brutal contra el Congreso. No ocurrió así. Los magistrados recularon y dijeron que era correcto negarle el amparo definitivo a López Brun. Es decir, se notó un cambio repentino de criterios y se percibió un proceder político. Es lo que ahora la CIDH debe valorar.
