¿Qué hizo que el gobernador desautorizara la lista de periodistas susceptibles a ser demandados que primero mandó a publicar y que luego negó con un convencimiento digno de premio cinematográfico?
¿Qué pasó para que el circo anunciado con estruendo se limitara a sólo dos querellas y no a las 17, 18 o 19 que anunciaron como si se tratara de los juicios de Nuremberg?
¿Por qué en cuantas horas se transitó del exabrupto a la moderación simulada?
¿Qué sucedió para que se activara un operativo de control de daños, en el que las señales de paz suprimieron los tamborazos de guerra contra los medios de comunicación?
Una primera evaluación interna arrojó que si bien inicialmente sirvió para el fin buscado: intimidar y sembrar miedo entre un sector del gremio periodístico, el tema rebasó el ámbito local y nacionalmente etiquetó a Moreno Valle como un enemigo de la libertad de expresión, una carga muy pesada sobre todo para alguien que pretende convertirse en Presidente de México.
Fuera de “bromas”, la lectura más simple fue: hoy son los reporteros, columnistas y directivos de medios de Puebla, mañana irán por los Álvaro Delgado, las Lydias Cacho, los Carlos Loret de Mola, los Carlos Puig, los Federicos Arreolas, las Carmen Aristegui…
Si arremete contra sus críticos locales mediante el garrote jurídico con el fin de instaurar un Maximato –o un Avilacamachismo Moderno- y gobernar más allá del periodo constitucional para el cual fue electo, ¿de qué no será capaz a nivel nacional con tal de cumplir la obsesión de vivir en Los Pinos?
Si quiere ser Presidente, y vaya que quiere, Moreno Valle deberá someterse, forzosamente, a la crítica, que legitima, y tolerar la pluralidad y el disenso, algo para lo que –como todo mundo sabe- no está entrenado.
¿Qué va a pasar cuando alguna de las vacas sagradas del periodismo nacional se atreva a emitir un juicio o a emitir su opinión sobre el hipotético mandatario de la nación?
¿También va a decir que “… no se puede permitir la mentira constante y la calumnia y la difamación, como un método de presión, para estar buscando prebendas económicas” (sic)?
¿Y que… “nosotros lo que buscamos es simplemente que se hable con la verdad y si se dijo una mentira, que haya una disculpa pública” (sic)?
Hay que reiterarlo: más allá de su motivo o fundamento legal, pues cuando se publica y documenta la verdad ésta siempre le resulta incómoda, las demandas contra periodistas locales forman parte de una escalada autoritaria para acabar con los escasos contrapesos que existen y que le podrían obstaculizar su proyecto 2018, un proyecto que pasa por instaurar un nuevo caudillismo en Puebla capaz de controlar total y absolutamente la vida pública y las instituciones por 12 o hasta 18 años.
“No entiendo de dónde salió”, dijo Moreno Valle sobre la lista que mandó a publicar a través del canal que ha elegido desde el principio de su sexenio para hablarle al círculo rojo y que hoy, necesitado de deslinde ante la avalancha de críticas ante su espíritu autoritario, ha desautorizado con el genial descubrimiento de que “…a veces, es el problema de algunos columnistas, entre ellos se leen y entre ellos se creen” (sic).
Sabiendo que él mismo ha sido el creador de sus propios medios oficiales, y por tanto de sus propios monstruos, y que todo mundo entiende que los que ahí escriben, escriben lo que piensa, planea y decide.
En su famosa sentencia, el filósofo, erudito y teórico de la comunicación Marshall McLuhan decía que “el medio es el mensaje”.
Pero parece que se equivocó, al menos por lo que toca a la Puebla de Moreno Valle, donde en realidad, en los hechos, “el miedo es el mensaje”.
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ARTICLE 19, respetada organización dedicada al análisis y defensa de la libertad de expresión, emitió un posicionamiento a nivel nacional sobre el truculento –y sensacional- caso de las demandas iniciadas por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contra periodistas.
En su comunicado, expresó con todas sus letras que dichas demandas “representan un acto de intimidación y un medio indirecto para coartar la libertad de expresión”.
Y es que, explicó, “se basan en “legislaciones que no corresponden al ordenamiento legal vigente” y en los hechos representan “ataques indirectos a la libertad de expresión con un efecto similar al de la censura previa o a la autocensura”.
Los funcionarios públicos, por el simple hecho de serlo, añadió, tienen un nivel restringido de su honra y reputación, por lo que prevalecerá la defensa de la libertad de expresión a fin de lograr un debate sin inhibiciones acorde con los principios del pluralismo democrático.
Este es el posicionamiento íntegro de ARTICLE 19:
México: Advertencias veladas contra periodistas en Puebla; el gobierno estatal inicia demandas
Jueves, octubre 25, 2012.
Ciudad de México, 25 de octubre, 2012. El pasado martes 23 de octubre, el gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle presentó dos demandas por “daño moral” en perjuicio de funcionarios de su administración, en contra de dos periodistas de la entidad.
La intención de proceder por la vía legal contra comunicadores a los que se atribuye la “difamación sistemática en contra de personajes del gobierno”, fue anunciada desde el 5 de agosto de 2011, por parte del vocero Sergio Ramírez Robles. Sin embargo, las demandas se concretaron horas después de que se filtrara a la prensa local una lista de 19 nombres de comunicadores, presuntamente en la mira de las autoridades, contra dos de los cuales se procedió efectivamente.
Ramírez Robles señaló que las presentadas el martes son sólo “las primeras 2 demandas” y que analizarán todos los excesos de la libertad de expresión que dañen la reputación y el honor de los funcionarios del Gobierno de Puebla. “Son dos los primeros demandados y estamos analizando TODOS los excesos contra funcionarios”, escribió textualmente en su cuenta personal de Twitter.
En ese sentido, sin prejuzgar sobre el acto demandado por los funcionarios de Puebla ARTICLE 19 desea manifestar su preocupación por el acto de intimidación que representa la publicación, por algunos medios, de listas de periodistas supuestamente en la mira de autoridades, así como el anuncio ambiguo de parte funcionarios de la administración de Rafael Moreno Valle al periodismo estatal en una advertencia velada de que su comportamiento está siendo fiscalizado desde las oficinas públicas. Las opiniones, esto es, las expresiones basadas en aspectos de apreciación subjetiva no son susceptibles de excepción o restricción alguna conforme lo señalado en estándares internacionales.
Organismos nacionales e internacionales han manifestado que la judicialización puede constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico, así las demandas contra periodistas que se basan en legislaciones que no corresponden al ordenamiento legal vigente con énfasis en el respeto Derechos Humanos y la adopción de los tratados internacionales, pueden actualizar ataques indirectos a la libertad de expresión con un efecto similar al de la censura previa o a la autocensura.
Las y los funcionarios públicos tienen un nivel restringido de su honra y reputación, por lo que prevalecerá la defensa de la libertad de expresión a fin de lograr un debate sin inhibiciones acorde a los principios del pluralismo democrático. Así, cualquier demanda civil relacionada con figuras públicas sólo procederá en caso de que se demuestre rigurosamente haber cumplido el estándar de la real malicia (demostración plena de la intención de causar daño y conocimiento de la difusión de información falsa o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos).
ARTICLE 19 hace un llamado a los tribunales para que den cabal cumplimiento a la aplicación de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, así mismo recomienda el uso de métodos alternativos de solución de controversias relacionadas con el presunto ejercicio abusivo de la libertad de expresión, como son la rectificación y la respuesta.
Hasta ahí el comunicado.
¿Así o más claro?
