Un bono que retrata fielmente el tipo de relación que mantienen el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y los diputados que integran la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla es el denominado Gestión Social, que se entrega en forma discrecional cada que los legisladores tienen a bien aprobar fast track los decretos, reformas e iniciativas de ley que les manda el Ejecutivo del estado.
Este bono, equivalente a un millón de pesos por cada diputado local, no se paga de manera periódica, sino cada vez que el gobernador quiere. Oficialmente se dice que su liberación depende de la disponibilidad presupuestal, es decir, de si hay dinero o no en las arcas de la Secretaría de Finanzas.
Lo cierto es que las últimas dos entregas parciales de este bono han coincidido con decisiones polémicas de la LVIII Legislatura, entre ellas las modificaciones que se hicieron a la Ley de Deuda Pública y a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para que los Proyectos de Inversión —con cargo a las participaciones o impuestos— no fueran considerados como deuda pública indirecta ni fiscalizados por el Congreso del estado, sino contratados directamente por la Secretaría de Finanzas.
Y, por supuesto, las reformas que de última hora y a toda prisa se hicieron al Código Electoral el pasado 3 de septiembre para posponer tres meses el inicio del proceso electoral e impedir la continuidad del dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana. La llamada Ley Mondragón no sólo se aprobó en un tiempo récord (de cuatro horas), pese a que el Congreso se encontraba en periodo de receso, sino con tal descuido que los diputados olvidaron modificar la Constitución, que establece una fecha distinta para el inicio del proceso electoral.
Del millón de pesos que cada uno de los 41 diputados de la LVIII Legislatura debe recibir por concepto de Gestión Social, a la fecha sólo han recibido 540 mil pesos. Los restantes 460 mil se supone que los cobrarán antes de que concluya el tercer y último periodo ordinario de sesiones—el 15 de diciembre— o antes, si es que el gobernador necesita de su buena disposición para sacar de urgencia algún decreto o reforma legal.
Una cuestión que vale la pena aclarar es que este bono es independiente de la dieta mensual de los legisladores poblanos que asciende, entre sueldo y compensación, a 108 mil 748 pesos, y de otros apoyos que reciben por concepto viáticos, pago de celular y vales de gasolina.
