Andrea Lezama, activista y víctima de violencia vicaria, se manifiesta afuera de la Casa de Justicia de Puebla acompañada de colectivos feministas en protesta por el posible cambio en la medida cautelar contra su agresor Ricardo N., permitiéndole estar en arresto domiciliario.
Después de que la jueza de control, Alejandra Román Pérez decidiera liberar a Ricardo N., primer vinculado en Latinoamérica por violencia vicaria, este martes 4 de noviembre, a las 11:45, se llevará a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar.
La víctima, Andrea Lezama, exige que se actúe con perspectiva de género e infancia, y en la audiencia se revoque el resguardo domiciliario de su agresor, quién sustrajo a su hijo menor por años de forma ilegal, para que vuelva a prisión, tras la solicitud presentada por la Fiscalía de Puebla.
Foto: Ulises Raziel Juárez Guarneros / EsImagen
Los colectivos exigen medidas efectivas de protección para Andrea y su hijo, así como la revisión de los criterios judiciales para evitar que se repitan casos similares.
La violencia vicaria es un delito grave que se castiga con hasta 10 años y 8 meses de cárcel y multas de hasta 25 mil pesos en el estado de Puebla.
