El Congreso del Estado de Puebla decidió poner en pausa el análisis de la solicitud de revocación de mandato presentada contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, luego de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales determinó no continuar, por el momento, con el estudio del expediente mientras se revisan los elementos legales que integran el procedimiento.
La determinación representa un freno temporal al proceso iniciado por la mayoría del Cabildo de Acatlán, cuyos integrantes solicitaron al Poder Legislativo la destitución de la edil al acusarla de presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, abuso de autoridad y problemas de gobernabilidad dentro del municipio.
Un proceso que comenzó con la petición del Cabildo
El conflicto político en Acatlán de Osorio escaló el pasado 8 de junio, cuando el Cabildo aprobó solicitar formalmente al Congreso local el inicio del procedimiento de suspensión o revocación de mandato de Guadalupe Bárcenas.
Tras recibir la documentación, la Secretaría General del Congreso la turnó a la Mesa Directiva y posteriormente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instancia encargada de revisar si existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento formal contra la alcaldesa.
Sin embargo, la comisión decidió dejar el asunto en pausa, por lo que el expediente permanecerá sin dictamen hasta nuevo aviso.
Congreso insiste en que el proceso debe ser estrictamente jurídico
Desde que comenzó el caso, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, sostuvo que los diputados no pueden actuar por presiones políticas o mediáticas y que cualquier decisión debe sustentarse exclusivamente en pruebas documentales y en el procedimiento establecido por la ley.
El legislador explicó previamente que la función del Congreso no es investigar directamente las presuntas irregularidades denunciadas por los regidores, sino analizar la documentación presentada para determinar si existen elementos legales que justifiquen abrir un procedimiento de revocación de mandato.
En caso de que las pruebas resultaran insuficientes, el expediente podría devolverse para que se complemente; si fueran suficientes, la alcaldesa tendría derecho a una audiencia y a presentar pruebas de descargo antes de cualquier resolución.
Antecedentes de una crisis política en Acatlán
La administración de Guadalupe Bárcenas ha enfrentado durante las últimas semanas una creciente confrontación con integrantes del Cabildo y sectores de la población.
Entre los señalamientos que detonaron el conflicto destacan presuntas irregularidades financieras, decisiones unilaterales dentro del Ayuntamiento, falta de diálogo con regidores y cuestionamientos sobre el manejo de la administración municipal. Paralelamente, el municipio vivió cambios en materia de seguridad pública y el Gobierno del Estado intervino de manera temporal para garantizar la gobernabilidad.
El caso también generó atención pública después de que la alcaldesa contrajera matrimonio con el entonces exsecretario de Seguridad Pública municipal mientras el procedimiento legislativo ya estaba en marcha, hecho que fue cuestionado políticamente, aunque legisladores señalaron que ello no modifica el curso jurídico del expediente.
¿Qué sigue?
Con la decisión de pausar el análisis, el Congreso de Puebla no ha desechado la solicitud de revocación de mandato ni ha iniciado formalmente el procedimiento contra la presidenta municipal.
El expediente permanecerá en la Comisión de Gobernación hasta que existan condiciones para reanudar su estudio o se determinen los siguientes pasos legales. Mientras tanto, Guadalupe Bárcenas continúa en funciones al frente del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio y cualquier eventual resolución deberá apegarse al procedimiento previsto en la legislación estatal.
