La presidenta del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, informó que el gobernador Alejandro Armenta remitió al Poder Legislativo su iniciativa para establecer la figura de revocación de mandato en Puebla. La propuesta será enriquecida con una iniciativa complementaria del diputado de Morena, Julio Huerta Gómez.
En entrevista, García Chávez explicó que el documento enviado por el Ejecutivo estatal retoma el proyecto que Armenta impulsó durante su etapa como senador, el cual plantea la posibilidad de revocar el mandato tanto de gobernadores como de legisladores.
“Lo que nos hizo llegar es la misma iniciativa que presentó como senador. Es una muestra de coherencia y compromiso con este ejercicio democrático. Ahora, como gobernador, retoma ese planteamiento y lo pone a consideración del Congreso”, expresó.
Detalló que será el diputado Julio Huerta quien formalmente presentará la propuesta ante el Pleno, en conjunto con el equipo jurídico del Gobierno estatal.
Por separado, el legislador Huerta Gómez confirmó que trabaja de manera coordinada con los asesores del gobernador para unificar ambas propuestas en un solo documento. Explicó que la iniciativa original fue retirada del orden del día para fortalecerla antes de su presentación formal.
“Nos vamos a sentar con el equipo jurídico del gobernador para construir una sola iniciativa, resultado del consenso entre ambas partes. Ya se había bajado del orden del día la semana pasada, pero ahora buscamos avanzar juntos y de manera sólida”, comentó.
Agregó que, si los tiempos legislativos lo permiten, podría convocarse a una sesión extraordinaria para aprobar el mecanismo de revocación de mandato. Recordó que la legislación federal establece que este proceso debe realizarse en la segunda mitad del periodo de gobierno, etapa que ya ha comenzado.
Finalmente, subrayó que la revocación de mandato solo podrá activarse si existe una solicitud formal de la ciudadanía ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).
“La revocación de mandato es un derecho ciudadano, no una obligación. Su activación depende de una petición ciudadana debidamente registrada”, concluyó.
