El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, propuso quitar a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración la facultad de vigilar el cumplimiento y la actuación de los servidores públicos, así como en materia de transparencia, que pasará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La iniciativa del mandatario consiste en reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
De esta forma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno –antes Secretaría de la Función Pública– tendrá la facultad de proponer políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto de la Administración Pública Estatal.
También le corresponderá verificar la integración de las unidades de transparencia y la constitución de los Comités de Transparencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Además, coordinará los procedimientos de atención y acciones de trámite, dará seguimiento a las acciones de los sujetos obligados e informará de todo lo anterior a la instancia correspondiente.
Armenta podrá reorganizar la estructura de las dependencias
La iniciativa señala que, para el cumplimiento del decreto, el gobernador Alejandro Armenta podrá reorganizar la estructura de las dependencias, es decir, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, creando, fusionando, escindiendo o disolviendo las unidades administrativas y oficinas necesarias.
Asimismo, podrá trasladar o crear las nuevas unidades administrativas y oficinas necesarias, realizando para ello las adecuaciones presupuestales de conformidad con lo establecido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla.
Los procedimientos y asuntos que deban pasar de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuarán tramitándose por las unidades administrativas de origen hasta que se incorporen a su nueva dependencia o, en su caso, se establezcan las unidades administrativas que deban conocerlos.
