El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que presentó el pasado 6 de septiembre a fin de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que son utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.
“La iniciativa es un acto de consistencia política, de congruencia programática (…) Es un tema sustantivo para el proyecto de transformación”, expresó, al aclarar que no son los 55 mil trabajadores del PJF, sino los mandos medios y superiores quienes tienen acceso a los fondos que se utilizan para el mantenimiento de sus viviendas, apoyos médicos adicionales, así como pensiones y prestaciones complementarias.
El líder de la bancada guinda explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial solo reconoce uno de los 14 con los que cuenta y de los 13 no contemplados en el ordenamiento, cinco pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, ejemplificó que en el caso de los fondos de la SCJN comprenden más de 6 mil millones de pesos y en los últimos ocho ejercicios se han mantenido prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses que dichos recursos han generado: “Viven del sudor de la lana”, sostuvo.
Por otro lado, declaró que el fideicomiso de economías presupuestales asciende a cerca de mil 400 millones de pesos a costa de la eficacia en la operación de los juzgados, mismos que carecen de materiales como sillas, computadoras, hojas, etcétera.
“Ahorran en sacrificio de la función sustantiva que es garantizar justicia pronta y expedita a los mexicanos”, criticó, al tiempo de enunciar que debería ser a la inversa: dotar de los recursos necesarios a los juzgados con personal, materiales y tecnología a fin de mejorar los procedimientos en materia de justicia y no de enriquecer a unos cuantos.
Por lo anterior, apuntó que al otorgar mayores recursos a los juzgados se podría reducir el promedio de tiempo para emitir las sentencias, que hoy es cercano a los 800 días.
“No nos estamos metiendo con los salarios ni con el pasivo laboral, sino con las compensaciones adicionales a jubilaciones y pensiones vitalicias”, que, reprobó, gracias a los fideicomisos ascienden al 100%, en comparación con un trabajador promedio que se retira con alrededor del 50% de su sueldo en activo.
