La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local inició el análisis de la iniciativa que expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Puebla, que envió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
En sesión este viernes, los diputados de la comisión acordaron realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación y Finanzas, a cargo de Josefina Morales Guerrero, misma que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de julio a las 11:00 horas.
La propuesta contiene la fórmula que el Estado utilizará para reparar el daño e indemnizar a ciudadanos que enfrenten daños por actos u omisiones del gobierno y los ayuntamientos, como negligencia médica, obras públicas y otros supuestos.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz, explicó que la aprobación de la ley es de alta urgencia, ante la solicitud que hicieron autoridades jurisdiccionales y los siete amparos que se presentaron por omisión del Congreso.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial contempla la indemnización a particulares a través de la reparación en dinero o especie derivado de los daños y perjuicios materiales a los derechos y patrimonio como consecuencia de la actividad administrativa irregular que hacen los ejecutores de gasto.
Los ejecutores de gasto son los Poderes Ejecutivo y Legislativo; los municipios, los organismos autónomos, así como cualquier otro sobre el cual el Estado o los municipios tengan control.
Estos cubrirán las indemnizaciones de la responsabilidad patrimonial con cargo a su presupuesto, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y programas que se aprueben en la Ley de Egresos del Estado de Puebla y de los municipios.
Cuando la ley entre en vigor, la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado y los ayuntamientos, deberán incluir en el proyecto de egresos una previsión de recursos para cubrir los pagos, equivalente al 0.3 al millar del presupuesto de gasto programable, sin considerar los recursos destinados a servicios personales, participaciones, aportaciones y deuda pública.
La indemnización se calculará de acuerdo con la fecha en que el daño patrimonial se produjo o con la fecha en que se haya cesado cuando sea continuo. En la iniciativa se contemplan pagos por daño y perjuicios materiales, daño personal o moral.
El monto se calculará según los criterios establecidos por la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, la Ley General de Bienes, el Código Civil o con base en dictámenes médicos.
La indemnización por daño moral no excederá de 39 mil 907 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por afectado.
En caso de muerte o incapacidad total permanente del ciudadano que reclame la indemnización, el cálculo se hará como establece el Código Civil cuyo pago será equivalente a mil 200 días de salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima.
Se podrán iniciar procedimientos contra servidores públicos cuando hayan ocasionado daños y perjuicios a los bienes y derechos de la administración pública estatal o municipal, por faltas o infracciones administrativas graves.
Los funcionarios podrán impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa las resoluciones que impongan la obligación de resarcir daños que el Estado o el municipio haya pagado.
La iniciativa enviada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes se suma a la que presentaron los 17 diputados locales de Morena el 19 de mayo de 2022, incluido el ahora mandatario estatal quien era coordinador de ese grupo legislativo.
