El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina envió al Congreso del estado la iniciativa para reformar la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a petición del Consejo Universitario de la máxima casa de estudios que aprobó las modificaciones el 24 de mayo.
A 25 años de la última modificación, el jueves 25 de mayo ingresó al Congreso la propuesta para reformar y adicionar diversos artículos de la ley, misma que se encuentra en estudio de la Comisión de Educación.
Destaca la incorporación de aspectos relacionados con los derechos humanos, protección al ambiente, autonomía universitaria e inclusión.
Se amplían las facultades de la universidad, lo que permitirá crear, modificar y suprimir la organización académica y administrativa; regular en forma exclusiva los aspectos académicos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; determinar sus planes y programas de estudio y administrar libremente su patrimonio.
Incorporará en sus planes y programas de estudio, en sus funciones de investigación, preservación, acrecentamiento y difusión del arte y la cultura y en las actividades administrativas, el desarrollo sostenible y humanista.
Además, la BUAP promoverá la igualdad sustantiva entre las personas; la prevención y erradicación de todo tipo de discriminación y violencia, especialmente las que se ejercen contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.
Impulsará espacios universitarios libres de violencia, políticas institucionales con perspectiva de género, el deporte, cuidado de la salud y el bienestar psicoemocional individual y colectivo.
Asimismo, el respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como la participación multi, trans e interdisciplinaria en la detección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Formalizan defensoría de los derechos universitarios
Con la iniciativa se formaliza la Defensoría de los Derechos Universitarios que ya existe y se encarga de defender los derechos de quienes integran la comunidad universitaria, cuyas atribuciones, organización y funcionamiento se establecen en el reglamento que apruebe el Consejo Universitario.