El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la dependencia federal con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la presunta violación a derechos humanos en Puebla en el primer bimestre del año.
Los expedientes están relacionados con la presunta omisión de suministrar medicamentos, negligencia médica, no proporcionar atención médica, acciones y omisiones contrarios a la legalidad, incumplir con el pago de pensión, así como por transgredir los derechos de adultos mayores.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la CNDH recibió 49 quejas en contra de 19 autoridades federales en Puebla, señaladas de violar derechos humanos en el periodo de enero a febrero de 2023.
El IMSS concentró 16 quejas, equivalente al 32.65% del total; le sigue la Secretaría de Bienestar con siete (14.28%), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE) con cinco (10.2%) y el Instituto Nacional de Migración (INM) también con cinco (10.2%).
Además, se recibieron tres expedientes en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que la Guardia Nacional, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concentran dos quejas por cada dependencia.
10 autoridades federales con una queja en contra
Asimismo, el sistema de la CNDH recibió quejas en contra de 10 autoridades federales, una por cada institución.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Pemex, así como las secretarías de Educación Pública (SEP), Gobernación, Marina, del Trabajo y Previsión Social y el Servicio de Protección Federal.
El sistema de la CNDH se creó en 2010 con el propósito de monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población por los efectos a las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades federales.
