El Congreso del Estado dio entrada a dos iniciativas para crear la Unidad Técnica Fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y establecer criterios para la remoción del auditor general, así como para la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.
En sesión pública ordinaria, los legisladores locales turnaron a comisiones la reforma a la Constitución Política de Puebla y la de Fiscalización y Combate a la Corrupción, propuesta por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
El documento establece una revisión periódica del desempeño de la ASE conforme se realiza a nivel federal, para garantizar el correcto funcionamiento del órgano fiscalizador en Puebla.
Asimismo plantea causales de remoción, como la ausencia por 30 días del auditor así como el incumplimiento en la entrega de los informes de fiscalización en las fechas establecidas o incurrir en actos de parcialidad en la práctica de auditorías.
Actualmente el cargo es ocupado por Francisco Romero Serrano, quien llegó en 2019 y concluye su nombramiento en noviembre de 2026, es decir, le faltan cinco años más.
Para la creación de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa se plantea que esté integrada por tres magistrados y su presidente forme parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla.
