Por: Eduardo González
A mil 449.4 millones de pesos, ascienden las sanciones que anuló la pasada legislatura del Congreso de Puebla a 41 exfuncionarios estatales o municipales, debido a que fallecieron, sus procesos prescribieron, ganaron un juicio al Poder Legislativo o revirtieron los cargos que les hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Se trata de 50 procesos que fueron iniciados durante las LVIII (2011-2014) y LIX (2014-2018) legislaturas, y que el 6 de julio de 2021 llegaron a su fin con una votación en el Pleno por parte de los anteriores diputados.
Los decretos fueron publicados entre el 21 de julio y el 9 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, con lo que ya son oficiales.
Combate y anula con juicio la mayor sanción
A través del Juicio de Amparo 2582/2018, resuelto por el Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el exsecretario de Salud José Alfredo Arango García anuló una sanción impuesta el 31 de agosto de 2018 en su contra por mil 093 millones 359 mil 583 pesos, tras su paso por la dependencia en el sexenio de Mario Marín Torres.
Además, dejó sin efecto la inhabilitación de 12 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Cabe señalar que el monto de esta sanción representa el 75.43% de los mil 449.4 millones de pesos que fueron cancelados en total por la LX Legislatura.
Tumban cargos fincados por la ASE
Un total de 25 exfuncionarios justificaron cargos por 226.1 millones de pesos que les hizo en principio la Auditoría Superior del Estado y, después, avalaron los legisladores locales.
Destacan los casos de Miguel Choy López, exdirector general del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, a quien le habían fincado irregularidades por 48.3 millones de pesos; de Nayeli Cruz Saldaña, encargada de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, por 43 millones de pesos, y de Juan Flores Hernández, presidente municipal de Quimixtlán, por 40.6 millones de pesos.
Además, en tres casos lograron que se les anulara no uno, sino dos procesos en contra, como sucedió a Flavio Herrera Aguilar, edil de Huatlatlauca, por 879 mil pesos en total; a Mauricio Evaristo Fabián, presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, por 10.1 millones en conjunto, y a Nayeli Cruz Saldaña.
Las multas contra estos 25 funcionarios representaban el 15.29% de los recursos en total.
Tardaron en sancionar y prescribieron casos
La tardanza en la fiscalización de las cuentas públicas fue el argumento para anular 15 procesos por prescripción, que sumaban 71.6 millones de pesos.
Raúl Marín Espinoza, exalcalde de Huaquechula, enfrentaba dos sanciones por 27.2 millones de pesos en total, y Mario Jiménez Blanca, exdirector general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula dos más por 14.5 millones.
Gerardo Mariano Arenas Pineda, exdirector del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, logró que prescribieran tres procesos en su contra por 427 mil 724 pesos de forma global.
Todos los casos prescritos alcanzaban el 4.94% de los recursos anulados.
Mueren alcaldes sancionados
A su vez, cuatro exalcaldes fallecieron sin que les aplicaran las sanciones que les fueron fincadas por el Congreso entre 2015 y 2018.
Antolín Vital Martínez, de Tepexco, fue asesinado en enero de 2017. Sin embargo su sanción por 31.2 millones de pesos se aprobó en julio de 2018 y se pidió a la ASE que presentara una denuncia penal en contra de quien resultara responsable.
El 31 de marzo de 2017 fue asesinado Delfino Alfonso Hernández, exedil de Altepexi. A él le abrieron un proceso en julio de 2016 y otro en julio de 2018, por 19.5 millones de pesos en total.
A Felipe Javier Téllez Ramírez, de San Jerónimo Tecuanipan, le atribuyeron cargos por 11.6 millones en 2015 y 2018; sin embargo, fue asesinado en 2019 en Tijuana, Baja California.
Mientras que Cándido Nieto Vázquez, exedil de Zapotitlán de Méndez, murió el 2 de julio de 2015, y el 29 de julio de 2016 le fue abierto un proceso por 263 mil 022 pesos.
