El Congreso de Puebla está a punto de concluir las mesas de trabajo del Parlamento Abierto “Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal” y se perfila para el debate, así como la integración de un dictamen que podría despenalizar la interrupción del embarazo en Puebla.
Los legisladores pactaron con los colectivos feministas realizar reuniones virtuales interinstitucionales en la que participarían cinco comisiones legislativas, así como representantes de la sociedad civil y expertos en la materia para discutir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El proceso arrancó el pasado 5 de abril y se tenía programado que la discusión en el Pleno de este dictamen se diera antes de terminar la primera quincena, sin embargo, se registraron 148 participantes por lo que se amplió el plazo y este concluye el 27 del mismo mes.
Se establecieron cinco ejes temáticos: “Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal: su importancia como derechos humanos”, Derechos sexuales y reproductivos en la familia y la niñez”.
Así como: “Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género”, Interrupción legal del embarazo: una aproximación jurídica y Aborto: una aproximación desde el ámbito de la salud.
Durante estas mesas de trabajo se ha expuesto que en la Ciudad de México se tiene el registro de 231 mil abortos anuales de los cuales mil 439 casos corresponden a mujeres de Puebla que acudieron a la capital a realizarse este proceso.
Las participantes resaltaron la necesidad de garantizar que los procedimientos quirúrgicos se realicen de manera legal para no poner en riesgo la vida de las mujeres que deciden abortar.
Asimismo, que esta reforma al Código Penal esté acompañada de mecanismos que garanticen la educación sexual a los menores de edad para prevenir embarazos no deseados que pongan en riesgo la vida de la madre y el producto.
Afirmaron que obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado es “una tortura” que con el paso del tiempo provocará severas afectaciones a la madre por lo que se debe garantizar su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Subrayaron que mantener la pena de cárcel para una mujer que decide abortar es un acto de discriminación alimentado por prejuicios sociales y religiosos que han establecido que es un pecado interrumpir un embarazo.
Por lo contrario, el Frente Nacional por la Familia Puebla demandó a los legisladores locales desechar la posibilidad de legalizar el aborto y defender la vida entendiendo que hacerlo podría provocar que las mujeres sean obligadas a interrumpir sus embarazos.
De acuerdo con los líderes del Congreso, una vez que concluya el Parlamento Abierto se realizará una relatoría de las aportaciones realizadas para presentarla a los diputados integrantes de la LX Legislatura previo a la discusión en comisiones.
De manera alterna habrá una reunión con la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Fiscalía General del Estado (FGE) y con la intención de obtener su opinión para integrar en el dictamen que se analizará.
Se prevé que este documento pasará al Pleno del Congreso durante alguna de las sesiones ordinarias del último periodo de trabajo de la LX Legislatura, que arrancarán el 15 de mayo, para que debatan los diputados locales y se concrete su eventual aprobación.
