El caso por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y tres personas de su entorno avanzó este miércoles, luego de que una jueza del Estado de México determinara vincular a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable participación en los hechos.
El crimen ocurrió el 1 de septiembre dentro de un domicilio del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, donde fueron localizados sin vida Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de 3 años y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con la familia.
Acusados permanecerán en prisión preventiva
Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que existen elementos para que el proceso penal continúe. Ambos imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.
La Fiscalía del Estado de México tendrá un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto el Ministerio Público como la defensa podrán realizar las diligencias correspondientes.
Los delitos atribuidos son homicidio calificado cometido contra dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes, este último por la muerte de una perrita Golden Retriever de la familia.
La investigación de la Fiscalía señala que Diego Sebastián “N” era socio y persona de confianza de Jonathan Meléndez, mientras que Gerardo “N” es señalado como quien habría conducido el vehículo utilizado para llegar y salir del fraccionamiento.
Fiscalía investiga posible móvil relacionado con criptomonedas
Entre los datos expuestos durante la investigación se encuentra la hipótesis de que los acusados buscaban una “caja fría” relacionada con criptomonedas que, según la Fiscalía, habría contenido acceso a recursos millonarios.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, Diego Sebastián “N” habría indicado a Gerardo “N” conseguir herramientas, cinchos, guantes y cubrebocas antes de los hechos. También se estableció que ambos permanecieron en el fraccionamiento durante el intervalo en que se estima ocurrieron los homicidios.
La Fiscalía señaló que el arma utilizada presuntamente contaba con silenciador y que los vecinos no reportaron haber escuchado detonaciones.
Por los cuatro homicidios, los acusados podrían enfrentar 25 a 70 años de prisión por cada víctima. A ello se sumarían las penas correspondientes por interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes, por lo que la condena acumulada podría alcanzar hasta 296 años de prisión, en caso de una sentencia condenatoria.
