La Fiscalía General de la República (FGR) informó nuevos detalles sobre la investigación contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, a quienes señala por su presunta participación en una compleja red de huachicol fiscal y por intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).
La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que Manuel Roberto “N” gestionaba directamente algunos de esos nombramientos y promociones, mientras que la estructura de complicidades permitía asegurar la importación, traslado, almacenamiento y distribución de hidrocarburos que ingresaban ilegalmente al país.
FGR señala control de cargos en aduanas
De acuerdo con la investigación presentada por la FGR, los hermanos Farías y sus presuntos cómplices habrían colocado personas en puestos estratégicos para facilitar el ingreso de combustible.
La Fiscalía indicó que los buques zarpaban principalmente desde Texas con hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivos, con lo que se modificaba su tratamiento fiscal. Servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos por cada embarque que permitían ingresar.
Las inspecciones, señaló Godoy, podían ser simuladas mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el hidrocarburo sin una revisión adecuada. También se habrían desactivado cámaras para evitar registros de las descargas.
Una vez en tierra, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras que otras empresas fachada y triangulaciones financieras daban apariencia legítima a los recursos obtenidos por su comercialización.
Cateo revela documentos y armas
Como parte de las investigaciones, la FGR cateó una bodega que presuntamente arrendaba Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México. En el lugar fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, además de armas sin el registro correspondiente.
La investigación también identificó operaciones relacionadas con la red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
El caso se relaciona con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Ernestina Godoy subrayó que la responsabilidad por los actos ilegales es individual y defendió la integridad de la Secretaría de Marina. También destacó la colaboración del actual secretario, el almirante Raymundo Morales Ángeles, en el seguimiento de las investigaciones.
