La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo a Octavio N., alias “Tabo”, de 24 años, y a un adolescente de 16 años, por su probable participación en el delito de secuestro agravado, tras un operativo realizado en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.
De acuerdo con la investigación, el 16 de julio de 2026, el hijo de un hombre de 85 años de edad recibió un mensaje en el que le informaron que su padre había sido secuestrado y le exigieron 6.5 millones de pesos como rescate, otorgándole un plazo de 48 horas para reunir el dinero.
La carpeta de investigación señala que, a partir del 18 de julio, comenzaron negociaciones mediante mensajes entre los presuntos responsables y los familiares de la víctima. Posteriormente, el 21 de julio, ambas partes acordaron la entrega de 100 mil pesos como pago inicial o “de buena voluntad”.
Ante esta situación, los familiares solicitaron el apoyo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, que implementó un operativo de pago controlado en la comunidad de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.
Durante la intervención fueron detenidos Octavio N., alias “Tabo”, y el adolescente de 16 años, quienes presuntamente acudieron al sitio para cobrar el dinero pactado. En el operativo, los agentes aseguraron 100 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y tres empaques de chips telefónicos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales como parte de la investigación.
La FGE informó que Octavio N. fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada, donde se decretó su retención mientras continúa la integración de la carpeta de investigación para su judicialización dentro del plazo constitucional.
En tanto, el adolescente fue presentado ante la unidad especializada en justicia para adolescentes, instancia que dará seguimiento a su situación jurídica conforme a la legislación aplicable.
La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan y recordó que toda persona imputada se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
