La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer los resultados de la investigación que permitió identificar y detener a Rafael N., señalado como probable responsable de realizar disparos contra automovilistas que circulaban sobre la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas, además de informar el aseguramiento de armas, cartuchos, dispositivos electrónicos, un vehículo y 729 mil 944 pesos en efectivo durante dos cateos.
En rueda de prensa, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt explicó que la identificación del probable responsable fue producto del trabajo conjunto entre la FGE y el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante el análisis de información, actos de investigación y el seguimiento de los distintos eventos registrados.
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La aprehensión se concretó durante un operativo coordinado entre la FGE, la SSP y la Secretaría de la Defensa Nacional -Defensa-, para cumplimentar una orden de aprehensión y una orden de cateo autorizadas por un juez en un inmueble del fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula.
Durante la diligencia, Rafael N. presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego contra el personal que participaba en el operativo, por lo que las fuerzas de seguridad actuaron conforme a los protocolos institucionales para controlar la situación, asegurar el inmueble y ejecutar los mandamientos judiciales.
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En este primer cateo fueron asegurados un arma corta semiautomática, un rifle, una escopeta, cartuchos útiles y una camioneta GMC Denali color blanco sin placas de circulación.
Dos cateos permitieron asegurar armas, efectivo y equipo electrónico
Como parte de la misma investigación, la Fiscalía ejecutó un segundo cateo en un inmueble ubicado en la colonia Anzures, en la ciudad de Puebla, dentro de la carpeta iniciada por homicidio calificado en grado de tentativa.
En ese inmueble fueron asegurados un teléfono celular Apple, dos armas de fuego calibre .22, 536 cartuchos útiles calibre .22, 23 cartuchos calibre 9 milímetros, tres equipos de cómputo, una tableta electrónica, 15 unidades de almacenamiento digital y 729 mil 944 pesos en efectivo, además del aseguramiento del área donde fueron localizados estos indicios.
El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que la investigación incluyó trabajos de gabinete, inteligencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además del análisis de patrones de conducta, horarios de movilidad, rutas de desplazamiento y registros obtenidos mediante el sistema de videovigilancia, lo que permitió identificar al probable responsable y el vehículo que utilizaba.
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Análisis balísticos y videovigilancia fortalecieron la investigación
Por su parte, el fiscal de Investigación Metropolitana, José Luis Hernández González, explicó que la indagatoria comenzó a partir de diversas denuncias de personas que reportaron impactos de proyectiles de arma de fuego mientras circulaban por la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.
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Precisó que, en una primera etapa, cada caso fue investigado por separado, sin asumir que existiera relación entre los hechos. Conforme avanzaron las diligencias, la Fiscalía detectó coincidencias en los lugares, horarios, forma de ejecución y características de los ataques, lo que permitió construir una hipótesis sustentada en evidencia.
Como parte de la investigación científica se realizaron inspecciones ministeriales, criminalística de campo, procesamiento de vehículos afectados, dictámenes de trayectoria balística, análisis topográficos, fijaciones fotográficas, avalúos de daños y reconstrucciones espaciales de los impactos.
Asimismo, se efectuaron análisis videográficos especializados, vigilancia fija y móvil, identificación de un vehículo con características recurrentes, reconocimiento de rasgos físicos, consultas a bases institucionales, análisis registrales y la integración de diversas carpetas de investigación, con lo que el Ministerio Público obtuvo los datos de prueba necesarios para solicitar las órdenes de aprehensión y cateo que posteriormente fueron autorizadas por el Poder Judicial.
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La fiscal general señaló que este caso refleja un modelo de investigación sustentado en el trabajo interdisciplinario, la legalidad, la objetividad y el rigor técnico, y puntualizó que corresponderá a la autoridad jurisdiccional determinar la responsabilidad penal que, en su caso, proceda, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
