Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, a pesar de que su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, presentó un escrito en el que le otorgó el perdón y manifestó su intención de no continuar con las denuncias en su contra. La resolución fue emitida este lunes por una jueza de control en Morelos, quien determinó que la acción penal debe continuar debido a que este delito se persigue de oficio.
Durante la audiencia, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz informó que la denunciante entregó un documento fechado el 10 de julio, en el que expresó que decidía perdonar al exfuncionario y desistirse de las investigaciones iniciadas en su contra, argumentando que buscaba preservar la estabilidad de su familia. Sin embargo, la juzgadora explicó que la voluntad de la víctima no extingue la responsabilidad penal en casos de violencia familiar, por lo que el procedimiento judicial debe seguir conforme a la legislación vigente.
Solo prosperó la imputación por violencia familiar
En la misma audiencia, la jueza desestimó la imputación por violencia vicaria, al considerar que la Fiscalía no acreditó los elementos suficientes para sostener ese delito en esta etapa procesal. No obstante, encontró datos de prueba suficientes para vincular a proceso a Rodríguez Padilla por violencia familiar en agravio de su esposa y de su hijo menor de edad. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La defensa del exdirector de Pemex adelantó que buscará modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, argumentando razones de salud y edad, además de presentar nuevas pruebas durante el desarrollo del proceso.
🔴 Víctor Rodríguez Padilla enfrentará este martes la audiencia que definirá el rumbo de su proceso judicial.
Aunque la jueza ya lo vinculó a proceso por violencia familiar en agravio de María Felicia Jiménez y su hijo de seis años, y desestimó la acusación por violencia… pic.twitter.com/1f4mQVsZwS
— Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026
El caso surgió tras la difusión de un video
La investigación comenzó luego de que María Felicia Jiménez hiciera pública una denuncia por presuntas agresiones físicas y psicológicas y difundiera un video en el que, según su versión, se observa a Víctor Rodríguez Padilla golpeándola frente al hijo de ambos. Tras la difusión de las imágenes, presentó una denuncia formal ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de investigaciones en Morelos y en la Ciudad de México.
El exfuncionario fue detenido el 7 de julio y posteriormente un juez le impuso prisión preventiva justificada, al considerar que existían riesgos para la víctima y para el desarrollo del proceso penal. Desde entonces permanece internado en el penal de Atlacholoaya, Morelos.
Video: Redes sociales
Contexto: un caso que generó reacción nacional
El caso provocó una amplia reacción pública debido al perfil del imputado, quien dirigió Pemex entre 2024 y 2026 y era considerado un colaborador cercano del gobierno federal. Tras conocerse la denuncia y difundirse el video, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que los hechos debían investigarse y sancionarse conforme a la ley, reiterando que en los casos de violencia contra las mujeres no debe haber impunidad.
Antecedentes: ¿por qué el perdón no detuvo el proceso?
En México, el delito de violencia familiar se persigue de oficio, lo que significa que el Ministerio Público puede continuar con la investigación y ejercer acción penal aun cuando la víctima retire la denuncia o conceda el perdón. Este criterio busca garantizar la protección de las víctimas y evitar que factores externos, como presiones o dependencia económica o emocional, impidan el acceso a la justicia.
Con la vinculación a proceso, Víctor Rodríguez Padilla continuará enfrentando la investigación penal, mientras la Fiscalía reúne pruebas para determinar si el caso llega a la etapa de juicio. El escrito de perdón presentado por la víctima quedó incorporado al expediente, pero no fue suficiente para detener el procedimiento judicial, al tratarse de un delito cuya persecución corresponde al Estado.
