La crisis por la que atraviesa el gobierno municipal de Acatlán de Osorio se desató no por los problemas sociales de la población, la inseguridad pública o la transparencia financiera en el Ayuntamiento, sino por un encono personal que surgió a raíz de que, hace unas semanas, varios de los regidores le habrían pedido a la presidenta Guadalupe Lucero Bárcenas el autootorgarse un incremento en sus dietas, de 20 mil a 50 mil pesos mensuales, y como la edil se negó, entonces los miembros del Cabildo decidieron buscar la destitución de la alcaldesa.
Lo que se está viviendo en ese municipio de la Mixteca poblana es un auténtico “pleito casero” entre los miembros de la 4T, pues se trata de un encono entre la edil surgida de Morena y un grupo mayoritario de regidores, entre los que se encuentra cinco miembros del partido Regeneración Nacional, uno de Fuerza por México, uno del PT y uno más del PVEM.
El reclamo constante ha sido que existe “una brecha salarial” entre la alcaldesa y los miembros del cuerpo edilicio.
A lo anterior se debe sumar la figura vulnerable de la presidenta municipal, que se mete en escándalos y pleitos que rayan en la frivolidad, como fue la acusación de que impuso a una ahijada como reina de la feria; que usa atuendos y realiza viajes ostentosos, mismos que presume en sus redes sociales; que si la abuchean en actos públicos y otros aspectos de su vida personal.
Frente a todo este escenario, que ha generado una crisis de ingobernabilidad, la población de Acatlán de Osorio solo es espectadora del deprimente espectáculo de riñas y acusaciones que hay entre los miembros de la 4T.
Ni los regidores ni la alcaldesa han mostrado arrastre entre la población. Los miembros del Cabildo han realizado protestas acompañados por una treintena de personas, que es nada en un municipio de alrededor de 40 mil habitantes. Mientras que la edil ni siquiera tiene un equipo sólido de gobierno que la pueda defender.
Y este conflicto tiene un protagonista más: el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, encabezado por Olga Lucía Romero Garci-Crespo, que no se ocupa nunca, ni por accidente, en buscar frenar los escándalos que ocurren en gobiernos locales de la 4T.
Es cierto que Morena, como cualquier partido político, no tiene facultades legales para intervenir en la vida de los ayuntamientos, pero si tiene los recursos del diálogo, de la conciliación y de buscar acuerdos entre los integrantes de los gobiernos morenistas.
Morena es un instituto político que no tiene la capacidad de advertir el deterioro que hay en varias de sus administraciones municipales y de cuidar el prestigio de la organización.
Nadie presenta pruebas
Este tecleador consultó a pobladores de Acatlán de Osorio y una constante es: nadie sabe en qué momento y por qué causas brotó la decisión de los regidores de votar la destitución de Guadalupe Lucero Bárcenas como presidenta municipal, pese a que no tienen facultades legales para revocarle el mandato a alguien que ostenta un cargo de elección popular.
Nadie entiende en qué momento se rompió la unidad y la cordialidad entre los integrantes del Cabildo y la alcaldesa.
Aunque los regidores han enlistado que hay opacidad en la asignación de contratos por parte del gobierno municipal, incremento en los índices de inseguridad pública y abusos policiacos, entre la población hay la percepción de que las verdaderas causas son pleitos personales.
Una muestra de lo anterior es que, de los 20 meses que lleva el actual gobierno, los cuestionamientos surgieron hace menos de un mes. Lo cual demostraría que los regidores no han desarrollado un escrutinio crítico del Ayuntamiento y que las diferencia con la edil, en realidad, surgieron a raíz de la negativa a que les incrementaran sus ingresos económicos.
Por otro lado, la alcaldesa lanzó este lunes una grave acusación contra los regidores al sostener que atrás de las maniobras para desestabilizar su gobierno está presente la organización criminal de Los Rojos, encabezada por Pedro Flores Romero, alias “El Pelle”.
Ese señalamiento es muy delicado, que merece una intervención urgente del Gobierno de la República, pues no se trata de un problema menor, sino un asunto de seguridad nacional, ya que Los Rojos –que son oriundos de Guerrero– es uno de los grupos criminales más sanguinarios del país.
Pero al mismo tiempo surgen una lista de dudas: si la alcaldesa está segura de que Los Rojos quieren “descabezar” su gobierno, entonces es pertinente preguntarse: ¿por qué lo denuncia hasta ahora?, ¿por qué antes no se detectó esa supuesta relación entre regidores y el grupo criminal, pese a la presencia de la Marina en el municipio?, ¿cuáles son las pruebas de que el crimen organizado se quiere adueñar del Ayuntamiento?
Da la impresión de que esa acusación solo fue un recurso improvisado para defenderse de la andanada de ataques de los regidores.
